Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 21 de enero de 2022
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SEGUIDO POR EL ROBO Y LESIONES GRAVES Y LEVES

La violencia doméstica es el delito más cometido en el país

En Beni, Pando y Santa Cruz, el segundo lugar lo ocupa la violación de infante, niño, niña y adolescente. Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Justicia.

Imagen ilustrativa sobre la violencia doméstica.                       PIXABAY
Imagen ilustrativa sobre la violencia doméstica. PIXABAY
La violencia doméstica es el delito más cometido en el país

La violencia doméstica es el delito de mayor comisión en todos los departamentos de Bolivia.

Así lo afirma el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en el informe sobre el "Estado de situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia”, publicado este año.

A este delito, le siguen el robo, lesiones graves y leves, hurto, estafa, homicidio, robo agravado, amenazas, conducción peligrosa, robo de vehículos y accesorios, abuso sexual, violación y violación niño, niña y adolescente.

Con datos tomados en base a la Incidencia de la Criminalidad de 2020, dicha gestión se registraron al menos 30.824 casos de violencia familiar o doméstica en el país, 9.260 de robo, 7.375 de lesiones graves y leves, 4.841 de hurto, 4.485 de estafa, 4.375 de robo agravado, 4.375 de lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito y 2.145 de abuso sexual.

"De acuerdo con datos del Ministerio Público, tanto en 2019 como en 2020 la mayor afluencia o comisión de delitos está relacionada con la violencia hacia las mujeres, la vida de las personas y su integridad física y sexual, y también con los delitos patrimoniales", indica en documento.

Según estos datos, Santa Cruz ocupa el primer lugar entre los departamentos con mayor criminalidad contra las mujeres en el país, La Paz está en segundo lugar, Cochabamba en el tercero, Potosí cuarto, Tarija quinto, Beni sexto, Chuquisaca séptimo, Oruro en el octavo, y, finalmente, Pando en el noveno lugar.

Esto quiere decir que en ese mismo orden debieran organizarse los servicios de prevención, atención y priorización de esfuerzos para la mejora de la sustanciación de los procesos penales, según señalan desde el el Ministerio.

OTROS DELITOS El informe detalla que, en Beni, Pando y Santa Cruz el delito que ocupa el segundo lugar dentro de los más cometidos es la violación de infante, niño, niña y adolescente.

En Chuquisaca, Oruro y Potosí el segundo lugar lo ocupa la violación. En cambio, en Cochabamba, La Paz y Tarija se presenta el abuso sexual en este puesto.

La representante del colectivo Mujeres de Fuego, Fátima Terrazas, califica esta escala como lamentable e indignante debido a la falta de prevención e inacción de algunas reparticiones e instituciones que deben dedicarse a combatir estos crímenes de violencia, ya sea por falta de personas, recursos y sensibilidad o empatía con las víctimas.

POR DEPARTAMENTO De acuerdo al informe ministerial, los delitos de violencia registrados por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) por departamento, en 2020, se presentan en el siguiente orden: Santa Cruz con 15.104 denuncias, La Paz 7.154, Cochabamba 4.128, Tarija 2.836, Potosí 2.172, Chuquisaca 1.270, Oruro 574, Beni 1.097 y Pando con 425.

Según Terrazas, en los foros y talleres que tratan sobre la lucha contra la violencia suele situarse a Bolviia como el país que ocupa el segundo lugar dentro de la escala de comisión de este delito  nivel Latinoamérica.

"Como si fuera un premio o mereciéramos un trofeo tenemos que presentar estas cifras vergonzosas y lamentables", apunta.

Sin embargo, en 2020 se registró una reducción de denuncias recibidas por la FELCV, [uesto que ese año se registró un total de 35.360, a diferencia de 2019 que registró 42.203. Pero se debe tomar en cuenta que el inicio de la pandemia del coronavirus en marzo de 2020 en el país fue determinante para el inicio de una "pandemia de la violencia", en palabras de Terrazas, que dejó a numerosas víctimas en la imposibilidad de movilizarse hasta las oficinas policiales para denunciar agresiones.

Asimismo, por la cantidad de denuncias recibidas en la FELCV en 2019, se puede observar que ese año fue crítico para las mujeres de los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Beni, donde las cifras rojas registraron tendencias al alza.

En tanto, Cochabamba, Chuquisaca y Pando presentaron una baja respecto a 2015, inclusive; mientras, Potosí y Oruro mantuvieron un promedio.

De acuerdo con la FELCV, hasta el cierre del presente informe (28 de febrero de 2021), aún no se había aplicado desde esa instancia ninguna medida de protección hacia las mujeres, a pesar de haber sido habilitada legalmente para ello, argumentando que los oficiales que cumplen la función de investigación, coordinan con los representantes del Ministerio Público (fiscales) para la implementación de medidas de protección. Los datos muestran que se debe tomar mayor atención a los departamentos de Santa Cruz y La Paz -en ese orden-, en cuanto a la redistribución de personal para la FELCV.

POCOS FISCALES Realizando un cruce entre el número de causas atendidas de forma anual y los fiscales disponibles en Ada departamento, se puede advertir la insuficiencia de personal para tratar los temas de violencia.

Si se cruza la información del propio Ministerio Público de cantidad de fiscales asignados a la atención e investigación de los delitos de la Ley 348 con la de comisión de los ilícitos por departamentos, se puede advertir un desequilibrio que debiera ser ajustado, a fin de no generar excesiva carga y demora procesal.

En 2020, 22 fiscales en Santa Cruz atendieron 15.292 causas, 23 fiscales en La Paz atendieron 7.080 causas, 15 fiscales en Cochabamba atendieron 5.292 causas, 14 fiscales en Tarija atendieron 3.040 causas, 6 fiscales en Chuquisaca atendieron 1.0731 causas, 6 fiscales en Beni atendieron 1.751 causas, 4 fiscales de Potosí atendieron 2.427 causas, 3 fiscales de Oruro atendieron 1.006 causas, 2 fiscales de Pando atendieron 470 causas.

Según los datos, un fiscal de Santa Cruz atiende un promediode 700 causas, mientras que uno de La Paz asume 397 causas, un fiscal de Cochabamba ve 427 causas, un fiscal en Tarija tramita 247 causas, uno de Chuquisaca 307 causas, uno de Beni 344 causas, uno de Potosí 788, uno de Oruro 525, y uno de Pando 330 causas.

Esta información revela que el mayor desbalance tiene lugar en Potosí y Santa Cruz, seguido de Oruro.

Por otra parte, si se revisa la tendencia de la criminalidad en los últimos años, se puede observar que los primeros lugares los ocupan los delitos de violencia familiar o doméstica, por lo que se advierte una necesidad de reasignación de prioridades que el Ministerio Público debe encarar de manera urgente, según señala el informe.

Terrazas manifiesta que, en reiteradas ocasiones, desde Mujeres de Fuego se ven obligadas a permanecer junto con sus víctimas hasta altas horas de la noche aguardando por la atención de técnicos y fiscales debido a la poca disponibilidad de los mismos.

Algunos rescates de víctimas son realizados a altas horas de la noche y muchas de ellas "imploran" a estas voluntarias que permanezcan junto a ellas por el temor de no ser escuchadas por las autoridades.

PRESUPUESTO El presupuesto total que maneja el Ministerio Público asciende a 258.432.106,33 (doscientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos treinta y dos mil ciento seis 33/100 bolivianos), lo que equivale a 37.131.049,61 (treinta y siete millones ciento treinta y un mil cuarenta y nueve 61/100 dólares estadounidenses).

La ejecución presupuestaria de fondos TGN y el presupuesto adicional de la gestión 2019 del Ministerio Público alcanzó al 96% y una ejecución física del 92%.

Según terrazas, el conflicto no está en determinar si se ejecuta todo el presupuesto o no, sino más bien en ver cuánto se asigna de forma anual.

CARGA PROCESAL El Órgano Judicial maneja anualmente una carga procesal total de 694.923 causas en las distintas materias (entre rezagos de gestiones anteriores e ingresos del año), encontrándose el mayor porcentaje de resolución o atención en los ámbitos de materia civil, familiar y de la niñez o adolescencia, según el informe.

La situación en materia penal, anticorrupción y de violencia contra las mujeres presenta una situación distinta, puesto que ocupa el 39% de toda la problemática de la justicia en Bolivia.

Cabe hacer notar que la información que comprende el informe no incorpora el detalle de las causas en apelaciones o incidentes, tanto en salas como en revisión, pues las mismas son parte de la carga procesal.

En la gestión 2019, la carga procesal total que ingresó a sede penal jurisdiccional, sumando el rezago más ingreso, fue de 275.069 causas, de las cuales efectivamente tramitadas, atendidas o que merecieron alguna actuación en la etapa preparatoria o de investigación ante jueces instructores, se contabilizan 122.694, esto representa apenas el 45% de lo ingresado. El resto, equivalente al 55%, no fue activado, dejándolo en rezago para la siguiente gestión.

Por otra parte, si se analiza por etapa procesal, se podrá entender que en la etapa preparatoria y de investigación se encuentran 122.694 causas. En etapa de juicio para sentencia u otra forma de resolución, tanto con jueces de sentencia o tribunales de sentencia, hay 19.085 causas. En ejecución de sentencia ante jueces instructores, 3.068 causas. 

Activista: se revictimiza 6 veces al denunciar

La representante del colectivo Mujeres de Fuego, Fátima Terrazas, informó que las personas que presentan denuncias por actos de violencia son revictimizadas al menos seis veces en las distintas instancias cuando estas deben presentar sus testimonios en las instancias policiales y judiciales.

"Ellos dicen que no, pero no nosotras sabemos que es así. Lamentablemente, encima del gran dolor que significa ser víctima de un acto de violencia, estas personas son sometidas a repetir una y otra vez sus relatos de lo sufrido", señaló, a tiempo de subrayar que los protocolos son prácticamente los mismos para niños víctimas de violencia, así como para mujeres adultas.

Según una descripción de Terrazas, las instancias en las que estas personas son revictimizadas son la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), las Defensoras de la Niñez y Adolescencia, en el abordaje psicológico, peritajes del Instituto de Investigación Forense (IDIF), co forenses de la Fiscalía y finalmente prestando sus testimonios en las cámaras Gesell.

"El dolor de las victimas de violencia es inimaginable, a muchas de estas personas las están matando en vida. Además son familias enteras las que son víctimas y sufren", añadió.

PROYECTO Por este motivo, uno de los proyectos a presentar y que tomará fuerza mayor por parte de Mujeres de Fuego lleva el nombre de “No me preguntes más”.

“Buscamos que se realice solo una entrevista a las víctimas y ya no todas estas que solo causan más dolor. Que en base a una sola entrevista el ámbito policial, Defensoría y fiscales trabajen sus investigaciones y que los casos avancen, porque para las muejres adultas es mucho peor, porque es como si ellas tuvieran que comprecer en todas estas instancias”, detalló. Asimismo, repudió el accionar de algunos abogados que trabajan en determinados casos, generalmente como parte defensora de los agresores, que critican a los miembros de este colectivo cuando buscan penas máximas.

“A veces tienen el descaro de decirnos que los agresores no mataron y no acabaron con la vida de las víctimas y sus familias”.

Mujeres de Fuego recibe hasta 30 denuncias de violencia al día

El colectivo Mujeres de Fuego recibe hasta 30 denuncias y quejas por violencia contra la mujer cada día.

Así lo informó su representante, Fátima Terrazas, a tiempo de manifestar que el personal que trabaja atendiendo estos casos y solicitudes de orientación en sus oficinas ya no da abasto, toda vez que en muchas ocasiones las mismas deben realizar el acompañamiento a sus víctimas, cuando las mismas necesitan dirigirse a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) porque “temen no ser escuchadas por las autoridades”.

“Antes las víctimas iban primero a las oficinas de la FELCV a presentar sus denuncias, pero ahora es al revés ellas vienen primero aquí e incluso imploran que las acompañemos a hacer sus denuncias, su mayor temor es no ser escuchadas”, lamentó.

Esta organización cuenta con oficinas instaladas en el surtidor que se encuentra en la avenida América y Pando, zona norte dela ciudad de Cochabamba, después de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, autorizara que estas instalaciones le fuera cedidas al colectivo, en reconocimiento a su labor y para que cuenten con un centro para realizar la atención a las víctimas.

“Actualmente, trabajamos ocho mujeres en el colectivo, seis firmamos parte de la directiva y otras dos o tres acuden de forma ocasional para apoyar nuestro trabajo”, indicó.

La cifra diaria de solicitudes sorprende a Terrazas, toda vez que, en la etapa inicial de este colectivo hace algunos años, las denuncias que recibían eran de siete al día. “30 denuncias es realmente demasiado, esperamos en un futuro poder reducir”.