La madrugada de este viernes, el juez cautelar Juan José Quiroz determinó la detención preventiva por 120 días (cuatro meses) de la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, acusada de ser parte de la estructura de los llamados ítems fantasmas. La audiencia empezó cerca de las 16.00 del jueves, concluyó cerca de las 2:00 de la madrugada.

La exalcaldesa fue conducida al penal de Palmasola, donde deberá permanecer mientras se complete la investigación.

Los primeros reportes señalan desde la cárcel de Santa Cruz que Sosa estará aislada de la población común por el tiempo de 10 días como parte del protocolo de bioseguridad.

Antes de que el juez Quiroz diera su fallo, la exalcaldesa tuvo la oportunidad de dar a conocer algunas palabras. Aseguró estar tremendamente afectada por las declaraciones con tinte de carácter político que mancharon su dignidad, su honor y el de toda su familia. Al final, el juez emitió su decisión, tras la valoración de las dos partes. Su defensor, Jerjes Justiniano, calificó el fallo de injusto por considerar que su cliente es inocente.

La comisión fiscal de Javier Cordero, Marcela Terceros y Yolanda Aguilera imputó de manera formal a Sosa por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Uno de los fiscales que investiga el caso señaló que el juez dio procedente la detención preventiva por la probabilidad de autoría de los delitos que se le imputan a Sosa, entre ellos, el riesgo procesal de fuga y obstaculización.

 “El señor juez valoró los antecedentes procesales y dispuso la extra medida”, destacó al término de la audiencia que concluyó esta madrugada. Sosa supuestamente no habría podido certificar el elemento trabajo con documentación idónea y pertinente.

El abogado defensor de Sosa, Jerjes Justiniano, indicó que de los cuatro delitos que se imputan dos de ellos no concurrían, de ahí que solo quedaron dos por los que dispuso la detención preventiva.

“La apelación (a la decisión del juez) la hemos presentado inmediatamente y esperamos que se resuelva en los siguientes días. El Ministerio Público de manera muy descarada, muy cínica pretendió atribuir un riesgo procesal porque se había filtrado información, que en el momento del allanamiento de un inmueble la persona ya tenía conocimiento porque la arquitecta (Angélica Sosa) le dijo que iban allanar. Le dije que habíamos constatado en el sistema Justicia Libre la orden de allanamiento y por eso advertimos”, explicó.