Una suerte de "sismo político" sacude a Santa Cruz, tras la denuncia de los "Ítems fantasmas". En la víspera fue aprehendida la exalcaldesa de la capital oriental Angélica Sosa, quien denunció a la actual máxima autoridad municipal, Johnny Fernández, de beneficiarse con al menos 600 cargos inexistentes, en el marco de un supuesto acuerdo con Percy Fernández.

Y en las últimas horas se ha desatado una denuncia del gobernador Luis Fernando Camacho contra la exprimera autoridad del departamental Rubén Costas, esta vez, por publicidad fantasma.

“Del 2015 al 2020, a través de un acuerdo político que firmó Percy Fernández con la UCS (Unidad Cívica Solidaridad), a la cabeza del señor Jhonny Fernández Saucedo, estando mi persona presente en la firma de ese acuerdo, (…), la UCS tenía una amplia cantidad de ítems de contrato. Aclaro que eran más de 600 personas entre ítems y contratos”, dijo Sosa, en su declaración, según La Razón.

CAMACHO VS COSTAS

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue citado a declarar en la Fiscalía Departamental como testigo luego de que se conociera que en la anterior gestión departamental, Rubén Costas pudo haber desviado la suma de 700 mil bolivianos asignadas a la lucha contra la pandemia en la propaganda de un candidato de su partido, Demócratas.

La Fiscalía inició de oficio la investigación, pero Camacho informó que en el curso de las próximas horas se presentará la denuncia para establecer responsabilidades en la difusión de la imagen del excandidato Aguilera aprovechando la campaña informativa por al menos 700.000 bolivianos contra la COVID-19.

Costas informó que esperaba estas denuncias para 2022, pero se adelantaron en esta intención de “enlodar una gestión” de 16 años con apoyo –recordó- de la población mediante el voto.

La administración de Camacho denunció este lunes un presunto desvío de 700.000 bolivianos que debían ser destinados para combatir al coronavirus,;sin embargo, habrían sido utilizados para la campaña de Aguilera.

DIPUTADOS DE CREEMOS

Joadel Bravo, abogado de Sosa, manifestó que es “inevitable”, que los diputados Heidi Muñoz, José Carlos Gutiérrez y Carlos Arríen, de Creemos, declaren en calidad de testigos, dentro de las investigaciones que sigue la Fiscalía en contra de su cliente por el caso "ítems y contratos fantasmas".

El jurista calificó de “chismosos” a los que declararon ante el Ministerio Público en contra de la exautoridad edil, la misma que fue aprehendida y declaró la madrugada de este miércoles en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

“Es inevitable (que los tres diputados) vayan a declarar en calidad de testigos, por los dos chismosos que le estoy diciendo. Antes de usar el elemento  probatorio como sustento de su aprehensión, lo mínimo que debió haber hecho la Fiscalía es llamar a los tres (diputados)”, indicó el abogado a Unitel.

Incluso dijo que antes de que la Policía y la Fiscalía aprehendieran a Sosa, se debió hacer una auditoria en la Alcaldía cruceña. Concejales pidieron que se realice ese trabajo, pero fue el alcalde Johnny Fernández quien cerró las puertas a esta intención, aunque después las abrió.

“Si no hay una auditoria, no hay caso. Por simples aseveraciones, así como lo hicieron dos ciudadanos, los chismes que han traído a colación, en un juicio no funcionan. Usted tiene que tener pruebas”, señaló Bravo.