¿Qué sigue ante la ausencia de Luis Fernando Camacho en las oficinas de la Gobernación de Santa Cruz? El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, mandó dos cartas al despacho del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic.

Allí le pide interpretar la norma y definir qué procede ante la ausencia temporal o impedimento definitivo del líder de Creemos.

En la primera misiva, fechada el 5 de enero, Aguilera realiza tres preguntas a la ALD: “¿Cuál es la naturaleza jurídica y alcances de la ausencia temporal e impedimento definitivo del gobernador del departamento?; ¿Cuáles son las causales por las cuales se materializa la ausencia temporal e impedimento definitivo del gobernador del departamento?; y ¿Cuál es el procedimiento ante la ausencia temporal e impedimento definitivo?”.

Aguilera reiteró la consulta este lunes, 16 de enero, mediante otra misiva oficial; sin embargo, hasta ahora, Matkovic no responde.

La consulta de Aguilera se debe al hecho de que Luis Fernando Camacho está detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro acusado por tres delitos dentro del caso "Golpe de Estado I".

No obstante, el pasado 11 de enero, el propio Vicegobernador cruceño había descartado suplir a Camacho.

En esa oportunidad y en conferencia de prensa, Aguilera aseguró que “no puede asumir el cargo de gobernador porque el cargo no está vacante; porque el gobernador es Luis Fernando Camacho”.

"El gobernador del departamento es Luis Fernando Camacho. No es un cargo vacante”, afirmó.

La posición respecto a que Camacho seguirá siendo gobernando a pesar de su detención también fue expresada por Matkovic, quien incluso acusó al Gobierno de buscar dar un “golpe” a la institucionalidad oriental.

En pasados días, el Gobierno había advertido que según la Constitución y el reglamento autonómico cruceño corresponde que la ALD y la propia Gobernación nombren a un sustituto -temporal- de Camacho mientras dure las investigaciones en su contra.

Aunque en primera instancia el Gobierno había advertido que la inacción de las autoridades cruceñas podría derivar en acciones penales, constitucionales y hasta electorales, el fin de semana el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la posición del Ejecutivo es dejar que sea la propia ALD cruceña la que aplique la normativa.