Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 07 de diciembre de 2021
  • Actualizado 08:12

Rigen plazos para abrogar la ley 1386; hay llamado al diálogo y a ‘levantarse’

Hoy se cumple el cuarto día de paro multisectorial. Autoridades de Gobierno piden a las organizaciones afines al MAS defender el proceso de cambio y la democracia. Hay estado de emergencia.
Un punto de bloqueo en Tarija de quienes acatan el paro multisectorial. APG
Un punto de bloqueo en Tarija de quienes acatan el paro multisectorial. APG
Rigen plazos para abrogar la ley 1386; hay llamado al diálogo y a ‘levantarse’

Un plazo de 24 horas al Gobierno para la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo es lo que plantea Potosí, que decidió continuar con el paro multisectorial. La decisión sale del cabildo convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo). 

El sector de los cooperativistas mineros de Potosí, que además anunció una marcha para hoy, se suma a la conminatoria.

Entre tanto, organismos internacionales, además de instituciones nacionales hicieron un llamado al diálogo y contra la violencia hacia los trabajadores de la prensa mientras que, desde el Gobierno, sus máximas autoridades pidieron a las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) a levantarse y defender el proceso de cambio y la democracia. 

CABILDO

Potosí aprobó un documento de nueve puntos que fue leído por el presidente del ente cívico, Juan Carlos Manuel, tras una marcha que recorrió el centro de la ciudad, en conmemoración al aniversario departamental. 

El plazo de 24 horas para la abrogación de la “Ley madre” también se extiende a la Fiscalía para que inicie un proceso penal en contra del gobernador potosino, Jhonny Mamani, a quien se lo consideró como el responsable de traer a los sectores sociales a la ciudad, caso contrario, se decidió pedir su renuncia.

En otra de sus resoluciones está el pedido de renuncia de la primera autoridad del departamento, el comandante de la Policía, coronel Carlos Mercado, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marcial Ayali y la Defensora del Pueblo de Potosí, Vilma Martínez. Asimismo, conminan al rector a sumarse a las medidas de presión.

Por otro lado, declararon “persona no grata y enemigo de la población potosina” al presidente Luis Arce, y vicepresidente, David Choquehuanca.

Entre tanto, la Federación Departamental de Cooperativistas Mineros (Fedecomin) de Potosí, luego de declararse en estado de emergencia y un análisis de las agresiones a la población por campesinos del MAS, determinó sumarse al paro y dar un plazo de 24 horas al Gobierno para abrogar la ley. También atribuyeron la responsabilidad al gobernador, por no tomar las medidas necesarias y evitar esos “actos vandálicos”, así como a la Policía.

Hoy habrá una marcha de protesta pacífica a las 14:00 horas “en contra de aquellos abusos cometidos por grupos afines al MAS”.

POR APOYO

Durante el ampliado departamental de las 20 provincias de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca convocaron a las organizaciones sociales a defender la democracia y el proceso de cambio del MAS. Advirtieron de intentos de desestabilización por parte de sectores cívicos y gremialistas.

Arce anticipó que necesitará de las organizaciones y aseguró, citado por ABI, que la derecha política usa para sus ataques el rechazo de aplicación de leyes con engaños y mentiras, porque no tiene argumentos, en busca de impunidad por los hechos de violencia de 2019.

Por su parte, el vicepresidente convocó a que a partir de este 14 de noviembre los sectores sociales se levanten porque “tenemos que hacer respetar”. Anunció la realización de un cabildo en el municipio de Peñas, que está a una hora de la ciudad de La Paz.

“El 14 vamos a ir a recuperar nuestra Qamasa, Achachila y Túpac Katari, Bartolina Sisa en Peñas. Tenemos que mostrarnos nuevamente hermanos. Quieren desestabilizar y quieren confundirnos”, indicó.

Los sectores afines al MAS como Central Obrera Boliviana (COB); Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”; Pacto de Unidad; mineros de Huanuni; Federación Departamental de Campesinos de Potosí; entre otros se declararon en emergencia y llamaron a defender la democracia. Algunos sectores advierten que se gesta un segundo “golpe de Estado” y acusan al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el gobernador Luis Fernando Camacho y el excívico Marco Pumari como los promotores de los conflictos y de intentar desestabilizar al Gobierno con “métodos terroristas”. 

DIÁLOGO Y PRENSA

Organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como la Defensoría del Pueblo y la Iglesia en Bolivia se pronunciaron sobre la violencia desatada en los últimos días y pidiendo diálogo.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, pidió al presidente Luis Arce llamar a la calma, al diálogo y asegurar el derecho a la protesta.

A través de redes sociales, el representante el organismo dijo ver “muy preocupantes” los enfrentamientos suscitados en varias regiones del país y piden investigar la muerte del joven en Potosí.   

“El Presidente @LuchoXBolivia debe llamar a la calma y el diálogo, asegurar el derecho a la protesta pacífica sin importar la posición política y garantizar el trabajo de la prensa”, se lee en sus publicaciones en Twitter.

En la misma red social se pronunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia) hizo un llamado a la calma e instó al diálogo. Expresó su preocupación por la “creciente violencia” y pidió respeto de los derechos a la libre circulación, reunión pacífica y asociación.

“Las autoridades deben procurar el diálogo entre todos los sectores y restringir el uso de la fuerza a lo estrictamente necesario, protegiendo la labor de periodistas y medios de comunicación”, se lee.

La organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, recordó a la Policía que el uso de fuerza debe ser proporcional y que está prohibido lanzar gas directamente a las personas y aboga por la seguridad de periodistas. 

La Defensoría del Pueblo exhortó a los sectores a deponer actitudes de intolerancia y convocó a dialogar para pacificar la región. En la misma línea, la Iglesia católica dijo estar dispuesta a mediar en el diálogo siempre y cuando todas las partes en conflicto lo soliciten. A su vez, se dirigió a la Policía para que evite todo tipo de violencia y ejerza su servicio de manera correcta, coherente y responsable.