El vocero presidencial, Jorge Richter, dijo este domingo que el Ejecutivo no cederá a la presión de los cívicos cruceños que con la amenaza de revocatorio del mandato del presidente Luis Arce, a la que describió como "camuflada de  impunidad",  pretende “establecer un amplio perdonazo” para los responsables de las masacres de 2019.

La autoridad aseguró que el Gobierno Nacional "no concederá impunidad" en el país, ya que los hechos violentos del 2019 están siendo investigados por la justicia para establecer responsabilidades.

Dijo, en declaraciones a la estatal Bolivia Tv,  que aquellos que con sus decisiones y acciones políticas desataron los hechos que después fueron catalogados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) como masacres en Senkata y Sacaba y con ejecuciones sumarias, deben ser juzgados.

El GIEI-Bolivia entregó en julio de 2021 su informe con 36 recomendaciones al presidente Arce para que el Estado asegure el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, justicia y reparación, sin hacer distinciones.

El informe final sobre la vulneración de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 establece 36 recomendaciones para el Estado Plurinacional, la sociedad civil boliviana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Y lo que ellos, los dirigentes cívicos de Santa Cruz, están queriendo imponer al Gobierno es que se archive el informe de GIEI que señala que hay que investigar las masacres de Sacaba y Senkata y en ese marco no hay ninguna posibilidad de generar impunidad", remarcó.

Una de las recomendaciones del GIEI al Gobierno señala: “Investigar de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas, y juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en el informe y otros similares”.

De acuerdo con el vocero, lo que exige el Comité Cívico cruceño, ahora a la cabeza de Fernando Larach, es que se pueda eximir de toda responsabilidad a quienes la justicia está en proceso de investigación y que pueda establecer un “amplio perdonazo” para todos ellos.

“Un perdonazo no va a ser posible en el país. ¿Cómo miraría el Estado Boliviano a las familias que hoy están incompletas, que perdieron a sus familiares por la violencia desatada por estos señores?".