Los incendios forestales en Bolivia aumentaron en los últimos días, lo que provocó la molestia de diferentes instituciones y organizaciones que activaron mecanismos legales y protestas ante instancias nacionales e internacionales para frenar las quemas.

La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) informó ayer que a nivel nacional la cifra de hectáreas quemadas subió a 5.3 millones y que la afectación fue en 30 áreas protegidas, según una estimación realizada a partir de imágenes satelitales de la NASA hasta el 25 de septiembre. La mayor parte de esta superficie se concentra en Santa Cruz, donde los incendios en la Chiquitanía comenzaron hace más de 50 días. Se quemaron aproximadamente 3.9 millones de hectáreas (73%). En Beni son más de 1.2 millones (23%).  

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Los 38 bomberos franceses, que llegaron el 7 de septiembre, terminaron su misión y fueron reconocidos, en Concepción. 

Hasta el 15 de septiembre, la cifra total era de 4.1 millones, es decir que en 10 días ese número subió en más de un millón. El 38% del total del área quemada (más de 2 millones de hectáreas) corresponde a bosques, mientras que el 62% (3.3 millones de hectáreas) es de áreas no boscosas.

El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, informó que los focos de calor en la Chiquitanía bajaron de 8.461 a 272, por lo que “ya se tiene el control de la situación”.

La secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Cinthia Asín, insistió en que todavía están vigentes 44 incendios forestales en 13 municipios.

DEMANDA INTERNACIONAL

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington (EEUU), que producto de los incendios provocados en la Chiquitanía y la Amazonía, por políticas e expansión de la frontera agrícola, al menos siete pueblos indígenas fueron afectados, informó ANF.

Están los Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona, señaló el informe entregado al organismo por la abogada Fátima Monasterio del Cejis/Unitas.

ANTE EL TRIBUNAL

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad para abrogar el Decreto Supremo (DS) 3973 del 9 de julio que autoriza las quemas y desmontes en Santa Cruz y Beni, informó la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ginna Torrez, según Urgentebo. En un plazo de 15 días, el presidente Evo Morales deberá responder a la demanda que fue interpuesta hace tres semanas y en 30 días el TCP concluye con una sentencia para anular o no la norma. La legisladora explicó que la autorización de los chaqueos se la debe realizar por ley y no por decreto, reportó ERBOL.