¿Qué dice el cuestionado artículo 5 del decreto 5503?: acá, las observaciones que ‘preocupan’
El sonado Decreto Supremo 5503, también bautizado por algunos sectores sociales como “gasolinazo” o “decreto del hambre”, va más allá de la eliminación de la subvención de los combustibles.
En ello coinciden analistas económicos y figuras políticas, quienes aseguran que el problema es de fondo y la “pieza clave de todo el paquete” se centraría en el rol que la norma, específicamente en el artículo 5, le asigna al Banco Central de Bolivia (BCB).
ARTÍCULO 5
Pero, ¿Qué dice el articulo 5 del decreto 5503? Pues, señala los “mecanismos de estabilización de la balanza de pagos” y autoriza al BCB, de forma excepcional, a “gestionar y acordar líneas de financiamiento de liquidez, swaps de divisas, mecanismos precautorios y otras operaciones, destinados a la estabilización de la Balanza de Pagos”.
También le permite “emitir instrumentos financieros externos y celebrar operaciones de cobertura cambiaria”; además de “recibir depósitos, garantías o colaterales del Tesoro General de la Nación (TGN) para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones”.
ANÁLISIS ECONÓMICO
En opinión del economista, Gonzalo Colque, difundido a través de un video, estas facultades extraordinarias otorgadas al BCB buscan que el ente “consiga, fuera del país, deuda en dólares sin control parlamentario, pero sin que parezca que el Gobierno está endeudando al país”.
Colque precisó que, con este decreto, el BCB pasará a ser un “agente de deuda” y su tarea será: conseguir dólares, a nombre del país, “utilizando los activos del Estado boliviano como garantía”.
Es decir, a diferencia del Tesoro General, que tiene un “historial crediticio golpeado” y no es sujeto de préstamo, el BCB podría contraer una deuda “comprometiendo las reservas de oro y otros activos”.
Sumó que, con esta norma, “el Tesoro General entregará al BCB bienes, activos financieros o acciones que sean de propiedad del Estado”. Al respecto, el experto precisó que el decreto 5503 no detalla qué tipo de activos; sin embargo, se trataría de bonos, acciones de empresas estatales, derechos sobre producción futura de recursos naturales o incluso derechos sobre recursos naturales sin explotar, como el litio. A ello se suma que el decreto carece de límites de endeudamiento.
En la recta final de su análisis, dejó en claro que la deuda externa no es mala, incluso es “necesaria hasta cierto punto”; empero, lo que “no está bien” es empeñar el patrimonio del Estado e hipotecar lo recursos naturales de los bolivianos.
“No solo es gasolina y diésel, sino un paquete”, enfatizó.
ASAMBLEA, RELEGADA
Por su parte, en un video difundido por sus redes este lunes, el vicepresidente Edmand Lara, aseguró que con este decreto “quieren que el BCB y el Ejecutivo manejen el país como su estancia privada, entregando los recursos al mejor postor extranjero”.
Lara sumó que la norma atenta contra la independencia de poderes y “arrincona” al poder Legislativo. Esto debido a que el BCB no requeriría de la aprobación de créditos ni el presidente Rodrigo Paz, de la aprobación de contratos por parte de la Asamblea.
Recordó que intentó frenar el decreto en la Asamblea Legislativa, pero “muchos diputados” de Unidad, “rodriguistas” del PDC y otros “se negaron”.
“El presidente puede entregar nuestros recursos naturales directamente a cualquier país, a cualquier empresario extranjero (...) Es el decreto del hambre, del saqueo”, enfatizó a tiempo de pedir a Paz “recapacitar” y sentare a dialogar con los sectores sociales movilizados y “no ser el títere” del empresario Samuel Doria Medina, a quien apunta de
COB Y LAS PROTESTAS
En medio de este escenario, uno de los sectores que más cuestiona la norma es la Central Obrera Boliviana (COB), sector que este lunes marchó y volvió a paralizar el centro paceño, en rechazo del decreto.
En su séptimo día de protesta, el máximo dirigente de los trabajadores, Mario Argollo, aseguró que el decreto vulnera la Constitución Política del Estado y “tiene vicios de nulidad”. Aseguró que continuarán con las protestas “pacíficas” hasta lograr su abrogación.
MAGISTERIO LANZA ADVERTENCIA
Desde el Magisterio Urbano, el dirigente José Luis Álvarez califico el decreto de “privatizador” y atentatorio contra los recursos naturales. Adelantó que no iniciarán clases, si el Gobierno no abroga la norma.
