Pueblos indígenas sufren el asedio del fuego y apuntan contra leyes ‘incendiarias’
Bolivia vive una crisis ambiental a causa de los incendios que arrasan millones de hectáreas de bosque. Además de la pérdida de flora y fauna silvestre, los principales afectados son los pueblos indígenas que viven en las zonas que arden. De los más de 256 mil focos de calor que se registraron en el año, 25.291 (10%) fueron en territorios indígenas titulados en la región de Oriente, Chaco y Amazonía, según el Centro de Planificación Territorial Autonómica del CEJIS.
El reporte de la institución da cuenta de un alto número de quemas al interior de los territorios indígenas en el departamento del Beni, como sucede con el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que se comparte con Cochabamba.
De hecho, casi una cuarta parte de los focos de calor se concentraron en esta área. Es decir, de los más de 25 mil focos de calor en tierras indígenas, el Tipnis registró 4.933 en un acumulado del año hasta el 24 de octubre.
El CEJIS explica que, al colindar con la zona cocalera del Chapare, las comunidades del Tipnis se ven asediadas no solo por la ampliación de la frontera agrícola sino, desde el año 2011, con la decisión gubernamental de construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos que pretende atravesar la zona núcleo del territorio.
“Esto sucede en un contexto en que las leyes, decretos supremos y resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) permiten legalizar áreas desmontadas sin autorización; dan luz verde para el desmonte en superficies de hasta 20 ha; y permiten la deforestación en el departamento del Beni con la modificación del Plan de Uso de Suelos (PLUS) departamental”, sostiene un reporte del CEJIS.
A diferencia de años anteriores cuando la Chiquitanía reportaba el mayor número de incendios y focos de calor, este año los incendios aparecieron con fuerza en el Beni y el norte de La Paz. A nivel de departamentos, tanto Beni como Santa Cruz tienen los números más altos superando los 107 mil focos de calor en cada caso en lo que va del año. De acuerdo a la ABT, el fuego afectó 1.1 millón de hectáreas en el Beni. Sin embargo, el gobernador de ese departamento señaló el sábado que la afectación supera 1.5 millones.
Según el Observatorio Regional de la Amazonía (ORA), donde participa el gobierno de Bolivia, el Tipnis es el cuarto sector más grande de quemas en el país con 463 hectáreas incendiadas al 27 de octubre, justo en el lado del departamento del Beni.
FALTA AGUA
El informe del CEJIS asegura que, al interior de los territorios indígenas, todavía el control interno ha permitido contener los incendios. En el Territorio Indígena de Lomerío, su cacique Anacleto Peña, explica que las quemas se realizan según protocolos de quema controlada en parcelas para garantizar la preparación del suelo para la agricultura de subsistencia.
El principal problema en Lomerío es la escasez de agua para consumo humano porque inclusive la ayuda no puede llegar por la dificultad de circulación de las cisternas en un terreno que tiene subidas y bajadas entre comunidad y comunidad.
También en la Chiquitanía, pero en la zona de Concepción y desde la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), Miguel Putaré comenta que hay incendios en las estancias ganaderas y en los cordones (amontonamientos de material deforestado) de propiedad privada que están preparando la tierra para la siembra intensiva, y en menor medida en el territorio indígena de Monte Verde.
Margarita Cambará, presidenta de la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), donde se cuentan 59 comunidades, informó que están viviendo lo de todos los años: incendios y sequía, adentro y afuera de la tierra comunitaria de origen (TCO) Monte Verde. “No tenemos una información exacta de cuánto se está quemando, pero los incendios forestales siempre llegan hasta cerca de las comunidades. Quizás los mismos comunarios están pensando prevenir y sofocar que no llegue a sus potreros y a la comunidad, pero usted sabe que con el fuego no se puede hacer nada cuando está avanzado. El fuego gana siempre”, dijo Cambará.
La falta de agua es un problema independiente de los incendios. Las comunidades de Monte Verde solicitan cisternas a los municipios de Concepción o San Javier, pero su problema radica en contar con recipientes para almacenar agua para el consumo diario.
En la región del Chaco, en el territorio guaraní de Charagua Norte, el capitán de Recursos Naturales, Cifredo Peña Aguilera, estuvo en un equipo de trabajo que luchó seis días y noches continuas para aplacar un incendio que asediaba a las comunidades guaraníes de Ibitipora, Puerto Viejo, Tacobo y Yasitata.
“Fuimos hasta allá 18 personas para trabajar sin descanso, no tuvimos ayuda de ninguna institución”, dijo Peña. El dirigente cree que el fuego nació en un descuido de los propietarios de hornos para fabricar carbón que están en predios privados dentro de su territorio.
En el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), el gobierno autónomo califica la situación como “muy crítica” por la falta de apoyo para combatir los desastres causados por los incendios y la escasez de agua para consumo humano.
“Con los incendios existe una gran amenaza a la biodiversidad y el bosque, pero todavía no hay afectación a las comunidades. El otro elemento crítico es la sequía, tenemos comunidades que ya no tienen abastecimiento de agua. Estamos gestionando acciones a través del municipio porque como nuevo gobierno indígena no tenemos todavía las facultades ni recursos monetarios, así queramos tomar acciones. Ya hemos solicitado una declaratoria de emergencia para el territorio por los incendios y sequía”, dijo el cacique Alfredo Matareco, principal autoridad de la GAIOC del TIM.
TERRENO PROPICIO
Un punto en el que hace énfasis el CEJIS es que el “gobierno preparó el terreno propicio para los incendios con una serie de normas, promulgadas entre los años 2013 y 2019, que son permisibles con los desmontes y con la transformación de áreas boscosas en zonas para el agronegocio y la ganadería”.
El denominado ‘paquete de leyes incendiarias’ está conformado, por ejemplo, por la Ley 337 que perdona las multas a la deforestación ilegal cometida entre 1996 y 2011; Ley 502, que amplía ese “perdonazo” por 12 meses y la Ley 739 lo vuelve a ampliar por 18 meses; la Ley 741 autoriza la deforestación de hasta 20 ha en tierras colectivas y nuevos asentamientos; la Ley 1178 perdona las quemas no autorizadas.
“En ese contexto, el agronegocio y los sectores ganaderos pueden avanzar invirtiendo capital en sectores que antes solo estaban poblados por la naturaleza, animales silvestres y comunidades indígenas”, sostiene el informe.
Asimismo, apunta contra los interculturales, ya que pudieron expandirse en estos territorios para sembrar coca, soya, caña y otros.