El paro liderado por el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el cívico Rómulo Calvo es alentado con un discurso de odio y regionalismo que se manifiesta en hechos de violencia, discriminación y racismo contra los más humildes y los pueblos indígenas como el ayoreo, denunció la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

También apela al miedo, con amenazas como la declaratoria de “muerte civil” a quienes piensan distinto a su línea de acción. “Pretende silenciar la voz de quienes piensan distinto, es a través de estas amenazas de decir que se declarará con muerte civil en Santa Cruz o quien no está de acuerdo es traidor a Santa Cruz”, denunció en Bolivia Tv.

Camacho y Calvo lideran un paro que empezó el sábado 22 para exigir que el censo se realice el 2023 y no el 2024 como se acordó en una reunión entre el Gobierno y el Consejo Nacional de Autonomías.

“No vamos a permitir que se humille y existan hechos de racismo y violencia contras las naciones indígenas de Santa Cruz, que son naciones preexistentes a Santa Cruz”, aseguró Prada sobre la discrminación que sufrió el pueblo Ayoreo. Recordó que ya se activó una demanda contra los responsables, entre ellos el subgobernador designado por Camacho, y cívicos.

Prada aseguró que las acciones de Camacho no tienen nada de democrático y son propias de una dictadura, porque se atribuye el derecho de declarar a quienes no comulgan con su línea de acción enemigos de Santa Cruz y amenazarlos con “muerte civil”.

En puntos de bloqueo se ha visto “mucha agresividad que es, justamente, alentada por este tipo de discurso de odio, son discursos de odio que instala el gobernador, de odio y violencia que instala ante la cruceñidad buscando este sentimiento de regionalismo, él se agarra del regionalismo cruceño”, aseguró la ministra en Bolivia Tv.

Hasta este domingo corren ocho días de paro y el sábado, en una reunión con los llamados representantes de las rotondas, Camacho decidió continuar con la extrema medida de presión que exige adelantar el censo a 2023. En tanto el Gobierno propuso que la fecha la defina un trabajo técnico, con participación de organismos internacionales.

Prada denunció que se detectó agresiones contra mujeres, vulneración de derechos de niños que son utilizados en puntos de bloqueo para pedir dinero a quienes intentan pasar por el lugar, y el hambre que pasan muchas familias, sobre todo indígenas.

“El gobernador nunca lo mostrará ni lo hablará, porque él quiere pintar como que todo es maravilloso en el paro. Por su puesto, en su barrio residencial todo será maravilloso, porque nadie está pasando hambre ahí”, cuestionó.