El País

Asambleístas de las tres bancadas en el Legislativo solicitan informes al Gobierno,  sobre el uso “discrecional” de las movilidades que fueron secuestradas en un proceso contra Misael Nallar, principal investigado por el asesinato de dos policías y un voluntario en Porongo (Santa Cruz), en 2022.

Las peticiones surgieron luego de que se supiera que el Comandante General de la Policía y el Fiscal Departamental de La Paz utilizan los “lujosos” autos secuestrados en un caso de legitimación de ganancias ilícitas contra Nallar.

Kahline Moreno, junto a sus colegas de Creemos, remitió al Ministro de Gobierno una Petición de Informe Escrito (PIE), en el que se exigen explicaciones en detalle sobre el uso de las movilidades que son parte de una investigación en hechos delictivos.

“Como legisladora, veo con profunda preocupación que el Gobierno si no regala autos robados en otros países, utilice los bienes y vehículos en custodia”, cuestionó.

Por su parte, el diputado del MAS Héctor Arce calificó como un abuso y exceso la forma de actuar de la Policía y el Ministerio Público al utilizar las “lujosas” movilidades de manera discrecional, cuando el proceso continúa en investigación.

Señaló que se pedirá un informe al ministro Eduardo del Castillo, para tomar conocimiento respecto a qué condición fue entregada las movilidades, y no descartó que se llegue a una interpelación.

“Realmente sorprendido de que estos vehículos estén siendo usados de manera tan discrecional y abusiva”, lamentó el diputado Arce.

La diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar lamentó que las autoridades actúen como un "concesionario" o tomen como un “pasanaku” la administración estatal. “Se debe sancionar a estos malos funcionarios”, pidió.

El fiscal del caso, Álex Mendoza, confirmó que los autos secuestrados en el caso de Misael Nallar fueron dispuestos a la Policía y el Ministerio Público, pero argumentó que el objetivo era preservar estos coches de alta gama y darles un “fin social”.