El Gobierno nacional continúa con el trabajo de defensa de los intereses del Estado ante instancias internacionales tras el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que ordena a Bolivia indemnizar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) con $us 105 millones.

A su vez, continúa impulsando la nacionalización de pensiones, a través del desarrollo del software del Sistema Integral de Pensiones (SIP) que tiene un avance del 82% y está previsto que inicie sus operaciones en septiembre.

Entre tanto, el país, según EFE, afrontó varias disputas legales por las nacionalizaciones desde 2006 y que le llegaron a costar al país más de $us 714 millones, a favor de unas 12 firmas extranjeras afectadas por esa política impulsada por el entonces presidente Evo Morales.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, según ABI, pidió ayer responsabilidad al momento de emitir declaraciones sobre la determinación del Ciadi porque “toda declaración podría afectar a las acciones que se están llevando adelante desde el nivel Ejecutivo”.

Manifestó que, desde el Gobierno, se asumen las acciones de defensa para solicitar la anulación de la determinación y su desarrollo será comunicado de manera oficial, “como corresponde”. La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que las entidades competentes coordinan las acciones de defensa y que, desde el inicio del proceso arbitral, se asumió las acciones de defensa fundamentadas y presentó las pruebas pertinentes, las mismas que no fueron valoradas por el tribunal.

"Insistimos, estamos en un proceso internacional, pero hay que tomar en cuenta, cuánto hemos ganado con las nacionalizaciones. Por el último reporte que he visto de Yacimientos, desde 2006 hasta la fecha son más de 42.800 millones de dólares que se han quedado en la renta petrolera en el país, precisamente por una acción de nacionalización”, explicó.

Recordó también que el proceso de privatización y capitalización que se ejecutó entre 1985 y 2005 concluyó y que Bolivia perdió al menos $us 10.000 millones por la enajenación de 212 empresas públicas, según un estudio de la Asamblea Legislativa.

Pese a esto, existen voces que piden la renuncia de la autoridad. 

Para el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) los responsables de perder el laudo arbitral “deben pagar de sus bolsillos” la indemnización tras el fallo. Se refirió a Chávez, Evo Morales y Luis Arce, entre otros.

LA SITUACIÓN

Con la nueva Constitución Política del Estado aprobada en 2009, se decidió nacionalizar el sistema de fondo de pensiones que era manejado por la AFP. Desde entonces, según Brújula Digital, se dieron al menos 5 retrasos para la creación de la Gestora Pública que debía reemplazar a la AFP.

En 2010 se aprobó la ley 065 de Pensiones para la creación de la institución para la administración de fondos y cinco años después se aprobó los estatutos mediante el Decreto Supremo (DS) 2248. La Gestora debió entrar en funcionamiento en 2016, pero se retrasó con la promulgación del DS 2802 hasta 2017; y luego hasta 2019 para continuar hasta septiembre de 2021. Sigue el DS 4585 que da 12 meses y no más de 20 para el inicio de actividades.

En el marco de esta nueva norma, el gerente de la Gestora, Jaime Durán, anunció que el software funcionará de manera parcial en septiembre y en mayo de 2023 lo hará de forma total. 

Entre tanto, en 16 años hubo expropiaciones en áreas como hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad, minería, entre otras, donde la Procuraduría fue la encargada de la defensa legal de Bolivia ante esos litigios que no fueron favorables. 

En el caso Inversiones Energy Bolivia S.A., se pagó $us 18.4 millones a la empresa eléctrica subsidiaria de GDF Suez S.A.; y por Carlson Dividend Facility S.A. $us 240.000.  También está el caso The Bolivian Generating Group, con un pago de $us 10.2 millones; Rurelec con $us 36 millones; y la Red Eléctrica Internacional con $us 62.2 millones. Se suma Pan American Energy con más de $us 354 millones; Iberdrola S.A. con $us 34.1 millones; Paz Holdings LTD con $us 19.5 millones; South American Silver con  $us 42.6 millones; y Quirobax S.A. con $us 42.6 millones; y Jindal Steel, este último en el que no se hizo el pago, según la PGE.