Octubre negro: pese a pago de Goni a familias de víctimas, Gobierno recuerda que resta extradición
El canciller Rogelio Mayta fue quien acompañó la versión del presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas en 2023, Juan Patricio Quispe Mamani, respecto a la extradición.
El canciller Rogelio Mayta afirmó que el pago de una compensación por parte del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, más conocido como Goni, y su exministro Carlos Sánchez Berzaín a los familiares de las víctimas de "Octubre negro" es resultado de “un logro de la lucha popular boliviana”; sin embargo, aclaró que “queda pendiente su extradición” para que responda ante la Justicia boliviana.
“La sentencia es una gesta de nuestra lucha popular tras un largo juicio que se siguió en los Estados Unidos. Pero el tema está pendiente en Bolivia, en otro juicio”, dijo la autoridad.
El abogado Thomas Becker y las víctimas de la masacre de octubre informaron el jueves sobre el acuerdo de compensación alcanzado en el juicio civil, en el país del norte, un hecho sin precedentes y una “victoria” para el país.
Mayta, en ese sentido, recordó que en 2003 hubo una masacre, producto del rechazo popular a la venta de gas a Estados Unidos por puertos chilenos.
Goni huyó de Bolivia el 17 de octubre de 2003, cuando la movilización popular en la denominada Guerra del Gas se mostraba incontenible por la defensa de los recursos naturales y por las muertes gestadas hasta ese entonces.
“La gente se enalteció y terminó sacando al gobierno, obligando a renunciar a Sánchez de Lozada y sus colaboradores, como Carlos Sánchez Berzaín, que se refugiaron en los Estados Unidos. Desde entonces son perseguidos por la Justicia boliviana, por los delitos de lesa humanidad (…). Desde entonces, Estados Unidos ha guardado un silencio respeto a los requerimientos de extradición de la justicia boliviana”, recordó Mayta.
Como abogado de las víctimas, recordó que en 2005 se optó por iniciar una acción civil para resarcir el daño causado a las víctimas.
En 2007 se inició con el proceso y, tras varios años de juicio, en 2018 Sánchez de Lozada fue citado y sentado en el banquillo de los acusados viendo “cara a cara” a las víctimas. El jurado, por unanimidad, definió que es culpable por las “ejecuciones extrajudiciales”.
Nueve familias en representación de las decenas de víctimas plantearon y llevaron adelante el juicio civil, que empezó el 5 de marzo de 2018 ante el juez federal de Estados Unidos, James Cohn, de la Corte Federal de Fort Lauderdale, Florida.
“Desde entonces vino el ciclo de apelaciones por la defensa. Goni y Sánchez Berzain admitieron su responsabilidad por las muertes de octubre de 2003, lo que los obligó a negociar una compensación con las víctimas”, relató Mayta.
