Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 22:00

El pago de préstamos bancarios genera más disconformidad en el país

La exigencia de diferir el pago de créditos por seis meses fue motivo el martes de un paro de chóferes de 24 horas, tras la cual los dirigentes de los transportistas se dividieron tras reunirse con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para tratar esta demanda.
Autoridades de Gobierno junto a representantes de algunos sectores de los choferes. APG
Autoridades de Gobierno junto a representantes de algunos sectores de los choferes. APG
El pago de préstamos bancarios genera más disconformidad en el país

El pago de préstamos bancarios se ha convertido en un asunto de polémicas en el país, con el sector privado que rechaza diferirlo nuevamente y el Gobierno nacional que no ha logrado convencer a todos los sectores que reclaman ese aplazamiento con su oferta de un "periodo de gracia" de seis meses sin el pago de interés ni capital.

La exigencia de diferir el pago de créditos por seis meses fue motivo el martes de una huelga de chóferes de 24 horas, tras la cual los dirigentes de los transportistas se reunieron con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para tratar esta demanda.

En el encuentro, el Gobierno ofreció a los chóferes un periodo de gracia de seis meses sin pago de interés ni capital y que los prestatarios puedan acordar con la entidad bancaria una reprogramación o refinanciamiento de sus créditos.

La propuesta, que se aplicará de forma general, fue aceptada en la víspera por los sindicatos de transporte libre, pero fue rechazada este jueves por la Confederación Nacional de Chóferes de Bolivia, cuyo máximo dirigente, Ismael Fernández, anunció a los medios que habrá una nueva huelga con bloqueos la próxima semana.

Los afiliados a la confederación cuestionan, entre otras cosas, que el convenio establezca que los intereses acumulados en el "periodo de gracia" se pagarán a prorrata, por lo que insisten en reclamar un diferimiento, explicó Fernández, cuyo sector abandonó el diálogo el miércoles.

Por ello resolvieron "ir al paro general de 48 horas" los próximos martes y miércoles con las mismas características de la reciente huelga, que incluyó bloqueos callejeros y de carreteras en varias regiones bolivianas.

En agosto pasado, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez aprobó una norma que difirió el pago de préstamos hasta el fin de la gestión 2020 para ayudar a sectores afectados por la caída de la economía debido a la pandemia de la COVID-19.

Al acercarse el fin de año, sectores como los transportistas, artesanos y microempresarios empezaron a reclamar que este diferimiento se amplíe por otros seis meses.

RECHAZO DE LOS PRIVADOS

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y una facción de los transportistas fue rechazado por sectores como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y las asociaciones de bancos y microfinancieras al considerar que en la práctica es un nuevo diferimiento que desestabilizará al sistema financiero.

La determinación gubernamental, "motivada por la presión de un sector, produce el corte del flujo de recursos y debilita la moral de pago construida en décadas, poniendo en riesgo la estabilidad de todo el sistema financiero”, alertó la CEPB en un comunicado.

La patronal también consideró que podría derivar en el "debilitamiento de la institucionalidad económica y la afectación de la confianza del público" y cuestionó que el Gobierno haya cambiado de parecer, pues inicialmente las autoridades nacionales rechazaban diferir el pago de préstamos.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) sostuvo en un comunicado que los seis meses de "gracia" sin pago de capital ni intereses "representa prácticamente un diferimiento que se suma a los diez meses del año pasado".

La banca advirtió de que este acuerdo genera un "peligroso antecedente para la cultura de pagos", lo que prolongará la situación de falta de recursos líquidos en el sistema bancario y postergará aún más la capacidad del sector" para apoyar a la reactivación económica.

La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) coincidió con Asoban y apuntó que la decisión gubernamental "imposibilita la regularización del circuito depósitos - intermediación financiera - préstamos", lo que podría generar una "posible contracción del crédito".