El Pacto de Unidad, conformado por organizaciones afines al MAS, manifestó su rechazo a las determinaciones de la Comisión Agraria Departamental (CAD) de Santa Cruz, que convocó el gobernador Luis Fernando Camacho, y advirtió con tomar acciones directas contra quienes considera “racistas, terratenientes”.

La Comisión dispuso la creación de comisiones específicas para la auditoría de la distribución de tierras y seguir proceso legal contra el director del INRA, debido a que no asistió a la convocatoria de la reunión, a pesar de que la CAD es una entidad reconocida por ley.

Mediante un pronunciamiento, el Pacto de Unidad consideró “intenciones demagógicas, políticas y sectoriales” a las determinaciones  asumidas por la Comisión Agraria Departamental de Santa Cruz. 

Consideró que la CAD “se caracterizó por la discriminación y desigualdad, habiendo convocado solamente a empresarios cruceños". Con un "afán político y de forma demagógica invita a otros actores como el INRA a sabiendas de que dicha reunión, además de estar viciada de nulidad, trataría de acciones netamente políticas para beneficio propio y de grupos sectoriales”.

En ese marco, exigió al Gobierno incorporar mecanismos legales y constitucionales para fijar como máximo la dotación de tierras el límite de 1.000 hectáreas suficientes para la producción agropecuaria de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios.

También pidió que se realice una auditoría técnica y legal a las tierras saneadas, en particular en el período del gobierno transitorio. Solicitó que las mismas deban ser revertidas al Estado en el marco del Decreto Supremo 4494. 

Además, el Pacto demandó recuperar todas las tierras fiscales que fueron ilegalmente apropiadas por grupos de terratenientes y traficantes de tierras. En un quinto punto, el pronunciamiento del Pacto de Unidad advierte lo siguiente: “De continuar con estos propósitos, nos reservamos el derecho de asumir acciones directas contra estos racistas terratenientes”. 

También ha sido exigida "la inmediata activación de procesos legales correspondientes ante lo que consideran un flagrante desacato a la Constitución Política del Estado y las normas legales en vigencia que regulan la tierra, territorio y su titulación”.