Obispos, dispuestos a declarar, pero ven ataque del Gobierno
Después de conocerse la intención de la Procuraduría General del Estado de incluir a obispos en el caso denominado “Golpe I”, el Arzobispo Emérito de Sucre, Jesús Juárez, llamó a dejar la “cantaleta” de que en Bolivia hubo un “golpe de Estado” y aseguró que en realidad se registró un fraude electoral.
“Que sigan con la misma cantaleta y con el mismo disco rayado de que ha habido golpe, golpe, golpe. Eso es una mentira que tendrán que dar cuenta al menos al Supremo, pues, cuando uno se muera. Todo el mundo sabe que hubo fraude y que se dejen de seguir con la misma canción”, dijo Juárez, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.
La Procuraduría solicitó a la Fiscalía tomar la declaración de los obispos que participaron de los diálogos de 2019. En 2021 la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) presentó al Ministerio Público su Memoria al respecto.
El abogado de la Procuraduría, Rolando Cruz, señaló que en caso que la Fiscalía acepte la recomendación, los obispos serán convocados en calidad de testigos, por lo que no deberían preocuparse, ni argumentar “persecución política”, reportó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Juárez rechazó las intenciones que “buscan denigrar y hablar mal de la Iglesia”. Señaló que esta entidad busca la fraternidad, y la paz, pero no así el enfrentamiento entre hermanos.
En el caso “Golpe I” fueron detenidos Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, dos exministros, además de exjefes militares. En este proceso se investiga el delito de terrorismo a denuncia de la exdiputada Lidia Patty.
CITACIONES Entre los señalados por la Procuraduría están Ricardo Centellas Guzmán, quien era Vicepresidente de la CEB en 2019; Aurelio Pesoa Ribera, quien fue Secretario General episcopal; Giovani Édgar Arana, obispo auxiliar de El Alto en 2019, y finalmente José Fuentes Cano, quien fue Secretario General Adjunto de la CEB, reportó el portal Oxígeno.
La noticia provocó el rechazo del líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien calificó el pedido como “persecución política” y un intento por ocultar el presunto fraude electoral que, sumado a protestas cívicas y una pérdida de apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
En respuesta a Mesa, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, aseveró que “todos los involucrados” en el presunto “golpe de Estado” contra Morales deben ser citados a declarar.
Al respecto, la entidad religiosa, a través del arzobispo de La Paz, Percy Galván, indicó que el clero católico asistirá a cualquier convocatoria de fiscales y de otras instancias para informar el alcance de su actuación en el contexto de la crisis política de 2019.
Para Galván, una posible convocatoria es una forma de “amedrentamiento” en contra de la Iglesia y ratificó que los obispos acudirán a declarar ya que no gozan de ningún privilegio que les impida acudir a la Fiscalía.
