La Fiscalía de La Paz desestimó una denuncia presentada por dos diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) en contra del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y del comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, informó ANF.

Los asambleístas Ramiro Venegas y Freddy López denunciaron a ambas autoridades por los presuntos delitos de daño económico al Estado, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) por el pago de sueldos supuestamente irregular a 300 policías en enero de este año.

La denuncia fue presentada el 13 de mayo y el mismo día fue desestimada, dijeron los legisladores del MAS que afirmaron que la Fiscalía ni siquiera revisó los documentos y pruebas que entregaron. Anunciaron que presentaron un memorial pidiendo que el Ministerio Público revoque la resolución por la que desestimó el caso.

Los asambleístas pidieron al fiscal departamental de La Paz, William Alave, retomar la denuncia o, caso contrario, advirtieron con iniciarle un proceso por prevaricato.

Según los diputados, los policías beneficiados con el pago de sueldos recibieron el dinero el 1 de enero de 2022 cuando recién el 27 de enero fue efectuado el memorándum de cancelación del monto.

Para los legisladores, las denuncias fueron desestimadas "en tiempo récord".

El diputado Venegas indicó que han iniciado el proceso penal, después de haber recibido una denuncia anónima sobre presuntos hechos irregulares administrativos en la Policía.

Según explicó, las autoridades denunciadas permitieron que mediante una resolución se pague salarios a nuevos subtenientes de la Policía desde el 1 de enero de 2022, cuando recién recibieron sus sables el 27 de enero.

Venegas señaló que, después de la entrega de sables, se emitió la resolución permitiendo el pago de haberes desde el 1 de enero, es decir, con efecto retroactivo.

Los diputados consideran que este acto sería "ilegal" porque la Constitución y las leyes prohíben que se emitan normas de carácter retroactivo. Señalaron que hay un daño económico de un millón de bolivianos por el pago de salarios.