Después de que una Comisión Legislativa aprobó la tramitación de un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax, el expresidente Carlos Mesa consideró que es una pretensión mentirosa, puesto que en realidad lo que hizo fue nacionalizar los recursos del Salar de Uyuni y expulsar a una empresa “pirata” que había recibido irregularmente una concesión.

Denunció que, por el contrario, hubo una “complicidad” de funcionarios de Evo Morales con dicha empresa, para pagarle 42 millones de dólares por un resarcimiento tras un proceso de arbitraje. Incluso, involucró al actual presidente Luis Arce, que era Ministro de Economía cuando autorizó ese pago, según ERBOL.

Mesa es acusado de conducta antieconómica y otros delitos. Dijo que nacionalizó el salar y lo declaró tierra fiscal y que, luego, anuló la concesión de la empresa al constatar que era ilegal, no pagaba impuestos, no respetaba temas ambientales y declaraba exportaciones muy inferiores a las reales. Señaló que incluso el posterior Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé ratificó esa decisión y que Morales decretó la amnistía en 2018 con apoyo de la Asamblea.

Denunció que el Procurador General de entonces Héctor Arce, sabía que había una falsificación (incluso reconocida por el autor de la misma), pero no hizo el reclamo respectivo para evitar el arbitraje internacional. Además, señaló que las autoridades de entonces, en el periodo de Morales, no aceptaron un acuerdo propuesto por Quiborax de 3 millones de dólares de compensación y que, de manera increíble, se permitió que abogados chilenos trabajen en instalaciones de la Procuraduría, con el fin de que Bolivia desista de un juicio y se libere a los responsables de la falsificación.