Lima: "Estamos cumpliendo con la mayor celeridad del caso las recomendaciones del GIEI"

El ministro de Justicia, Iván Lima. ARCHIVO

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, aseguró este jueves que el Gobierno cumple con la mayor celeridad del caso las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos acontecidos entre septiembre y diciembre del 2019.

“Me parece en definitiva que estamos cumpliendo estrictamente con la mayor celeridad del caso las recomendaciones del GIEI”, dijo.

El informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 realizado por el GIEI fue entregado el martes al presidente del Estado, Luis Arce, y familiares de las víctimas mortales y sobrevivientes, con una veintena de recomendaciones para el Estado.

El documento, a través de una investigación científica y metodológica, evidenció que se produjeron masacres en Sacaba y en Senkata y graves vulneraciones de derechos humanos, además de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas del orden durante el periodo de facto de Jeanine Áñez.

Lima explicó que una de las recomendaciones de ese informe internacional es que se realice una investigación integral y no sea parcelada, para que llegue la justicia a todas las víctimas de estos sucesos que marcaron historia en el país el 2019.

“Vamos a hacer una reforma integral a todos los elementos: justicia, Policía y Fuerzas Armadas, con el objetivo, que es razón de Estado, darle justicia a la muerte de esos 38 bolivianos”, afirmó.

"Yo entiendo que en las próximas horas el Fiscal General del Estado debe remitir este caso de las masacres, de las ejecuciones axtrajudiciales al Tribunal Supremo y esperamos que el Tribunal Supremo rápidamente pueda considerar el requerimiento fiscal y remitir el caso a la Asamblea Legislativa”, agregó. 

Asimismo, indicó que en las recomendaciones del informe de la GIEI no existe ningún término en cuanto a fraude ni golpe, ni de problemas políticos en Bolivia, sino de las violaciones a los derechos humanos que se registraron entre septiembre y diciembre del 2019, por lo que advirtió a la oposición que no permitirá que politicen este documento.