El hecho de que una víctima de violación viaje en un mismo vehículo con su agresor por más de 12 horas para llegar al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de su región y someterse a un examen médico, que se constituirá en prueba dentro de un proceso legal, se constituye en uno de los 10 agravios que pasan quienes buscan justicia.

La Defensoría del Pueblo emitió el informe “Los institutos de investigación forense no garantizar el acceso a la justicia” en el que revela la situación de las nueve oficinas del IDIF departamentales y 26 oficinas regionales.

En este documento se devela la odisea que deben pasar las víctimas, en especial de violencia sexual, en esta institución dependiente del Ministerio Público. 

Deben recorrer largas distancias para llegar a un espacio donde el personal administrativo no está capacitado para su atención, lo que deriva en que no priorice su atención pese a que la normativa lo establece. 

En sus consultorios no hay baños ni se puede garantizar la privacidad, comodidad o salubridad de las víctimas, es decir, que deben pasar un trato deshumanizado. 

Si están en un centro médico, el traslado de los profesionales deriva en una revictimización por la falta de coordinación entre quienes se encargan de su atención (médicos, enfermeras y médicos forenses).   

Pese a su delicada condición, las víctimas no tienen una contención emocional por falta de un psicológo, lo que puede perjudicar al momento de la emisión de informes y el correspondiente certificado y ser contraproducente al momento de presentarlo como prueba. 

Se suma el mal manejo de los documentos por falta de un espacio adecuado para los archivos y observaciones en la cadena de custodia por falta de una división especializada.

Todo esto lleva a que la víctima quiera abandonar la causa y la limitación en el acceso a la justicia.

“Se concluye que existe una atención deficiente en más del 50% de los IDIF (en 15 oficinas IDIF), respecto a condiciones físicas y de salubridad, además de la falta de privacidad dentro de los consultorios, aspectos que vulneran la dignidad de las personas, mismas que actualmente están recibiendo atención en lugares deteriorados donde existe hacinamiento, en condiciones insalubres y en ambientes pequeños e incómodos”, dice el documento.

A su vez señala que el 43% no cuenta con un espacio de archivo, aspecto que evidencia un manejo inadecuado de la documentación.

El IDIF, que tiene más de una década de antigüedad, es una institución encargada de realizar los estudios científicos, técnicos y laboratoriales requeridos por el Ministerio Público para la investigación de los delitos; igualmente, se encarga de los estudios científicos técnicos para la comprobación de otros hechos encomendados por orden judicial. Es su brazo operativo.

LAS OBSERVACIONES

Una de las barreras de acceso a los servicios y por tanto a la obtención de justicia está referida a las condiciones físicas de algunas oficinas. La Defensoría llegó al IDIF Chapare donde el médico forense justificó la falta de espacios privados. Dijo que la valoración se la realiza en compañía de algún familiar. La situación es más alarmante en Monteagudo, donde el consultorio es solo un cubículo; en Bermejo las paredes son de vidrio y no hay biombos; en Yacuiba la víctima está expuesta públicamente porque tiene que esperar ser atendida a plena vista de las personas que transitan por el mercado donde está el consultorio; en Riberalta no hay vestidor ni mampara; y en El Alto no hay biombo.

También se verificó que únicamente las oficinas del IDIF Cochabamba, Santa Cruz, Santa Cruz UVE y Beni cuentan con baño propio o exclusivo del consultorio médico forense, pero se advirtió que “ninguna oficina ofrece privacidad dentro del consultorio para la atención, ni existen ambientes privados para que los pacientes o víctimas se cambien la bata o se desvistan, reduciéndose la privacidad al uso de biombos o mamparas”.

Se suma la provisión de insumos que no es oportuna y como en el caso de Huanuni demora hasta tres meses y en Llallagua los adquieren por cuenta propia.

“La falta de medios tecnológicos apropiados pueden afectar la credibilidad de los resultados emitidos, haciendo que la prueba sea débil y observable”, señala.

La distancia es otro problema. El IDIF Santa Cruz está a 30 minutos de la Fiscalía y 40 de la FELCC. En Cochabamba se encuentra en la zona de Coña Coña, a 5 kilómetros del centro de la ciudad, y hay poco transporte. En el lugar funciona la Fiscalía, pero está a 25 minutos de la Policía. En El Alto está a 30 minutos de la Policía y 50 de la Fiscalía.

También hay un inadecuado resguardo de la documentación, es decir, registros físicos, fotografías, notas, apuntes y más; y falta de privacidad en espacios de espera que son pasillos improvisados, corredores comunes o sillas en las aceras. 

Por otro lado, se pudo establecer que solo el 44% de los IDIF otorga una atención prioritaria a grupos vulnerables, el resto incumple lo dispuesto por la Ley 348 y el Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual que señala que “todo caso de violencia sexual está catalogado como una emergencia médica y la no atención prioritaria u oportuna, involucra una doble victimización”.

Alerta de que en el recojo de muestras puede haber una revictimización al exponerse a un nuevo examen forense por falta de coordinación con los establecimientos de salud y repetir las valoraciones.

Con relación a la contención emocional, el informe da cuenta que en Oruro se realiza después del examen forense mientras que no lo hacen en Potosí, Cochabamba y Beni. En las restantes dependencias del IDIF, la realiza el médico forense; sin embargo, “es difícil que dicha tarea pueda ser llevada a cabo en pocos minutos durante la valoración o examen forense”.

El IDIF debería contar con la División Nacional de Medicina Forense con medicina, psicología, patología, imagenología y odontología forense, pero no todos tienen estos profesionales.

A su vez, reconfirmó el hecho de que el personal no forense del IDIF no recibe una formación específica para atención a víctimas de violencia. Se refiere a los administrativos que reciben la denuncia y entregan documentos, entre otros.

En lo que se refiere a la recepción y custodia de evidencias, la Fiscalía reportó que solo cuentan con esta división La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, lo que preocupa porque en otras oficinas el encargado de cuidar las pruebas es el mismo médico forense.

“El 60% de los IDIF que no cuentan con la división específica de recepción y custodia de evidencias tampoco tienen condiciones mínimas”, se lee.

Continúa indicando que únicamente el IDIF Beni tiene un refrigerador para la preservación de determinadas pruebas, lo que pone en riesgo los resultados de los medios probatorios dentro de un proceso ya que pueden ser ilícitas o no válida y, por lo tanto, nulas. Advierte que podría generarse la contaminación de la prueba y la imposibilidad de una valoración correcta, que deriva en que una persona inocente obtenga una sentencia condenatoria y una persona culpable quede liberada.

La Defensoría aplicó la doctrina del fruto del árbol envenenado que dicta: “si la fuente, el árbol, de donde procede la evidencia obtenida, está contaminada, entonces el fruto de ese árbol está igualmente contaminado”.

Las críticas del enlace del IDIF al informe y la permanencia en el cargo de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, provocó que lanzara una advertencia contra el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunció que se niega a brindar información sobre otros casos y obstaculiza su trabajo. Aseguró que la Fiscalía intenta “dar un golpe” a la institución defensorial.