Justicia: van tras fiscales y fijan revisión de condenas en cárceles
La liberación de presos condenados sacude no solo a los tribunales de justicia sino ahora también al Ministerio Público.
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, advirtió, citado por Urgente.bo, que no se tendrá contemplación alguna con aquellos fiscales que participaron en la liberación de sentenciados por violación, feminicidio y asesinato.
Recordó que un fiscal de carrera que estuvo involucrado en el caso del asesino y feminicida serial Richard Choque fue suspendido de sus funciones y tiene detención preventiva en la cárcel.
“Vamos a ser rigurosos con los servidores públicos del Ministerio Público. Vamos a comenzar por casa. Nosotros no vamos a tener contemplación en las actuaciones de nuestros fiscales. La responsabilidad de cada uno de los fiscales conlleva una responsabilidad penal”, advirtió.
Informó también de la suscripción de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, con el objetivo principal de establecer las bases formales de coordinación y cooperación, como el desarrollo de actividades conjuntas y concretas, además del intercambio de información sobre la situación de sentenciados y privados de libertad a través de la interoperabilidad de sistemas.
“El Ministerio Público podrá acceder en tiempo real a la información que brindará la Dirección General de Régimen Penitenciario, para que de esta manera el Ministerio Público pueda hacer un seguimiento minucioso y riguroso sobre el cumplimiento eficaz de las condenas de cada una de las personas que han sido sentenciadas”, manifestó.
LA SITUACIÓN
Lanchipa explicó que el Ministerio Público no tiene conocimiento de lo que sucede después de la ejecución de penas tras la condena.
“Lastimosamente, tenemos esa deficiencia. Ahora podremos conocer el tiempo de la duración de una condena, el traslado de recinto penitenciario que pueda disponerse en algunos casos y, fundamentalmente, el cumplimiento eficaz de la condena y que no suceda lo de los jueces de ejecución penal”, acotó.
Informó también del despliegue de comisiones para la verificación y supervisión de todos los casos con sentencia condenatoria, inicialmente, de hechos de feminicidio y violación, de los que se pudo advertir muchas irregularidades y actuaciones ilegales.
EL ACUERDO
Del Castillo se refirió a la importancia del trabajo mancomunado entre diversas entidades estatales, en atención a los convenios que tienen como objetivo beneficiar a la sociedad mejorando los procesos administrativos y burocráticos del Estado y sobre todo facilitar la vida de las ciudadanos en el país.
“No queremos volver a vivir las malas experiencias de liberación de personas sentenciadas dentro de nuestra sociedad con distintas chicanerías”, dijo.
El convenio establece que se debe promover la cooperación recíproca para el intercambio de información implementando mecanismos que permitan acceder a datos generales de los privados de libertad con detención preventiva y condenados sobre traslados o con otros procesos en etapa de investigación, y su situación jurídica, entre otros.
DURAS SANCIONES
Entre tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, confirmó, citado por ABI, que la Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja una ley corta para endurecer las sanciones contra los malos operadores de justicia.
La norma contempla desde la oficina del abogado hasta consorcios de jueces.
“Si un administrador de justicia comete errores o delitos, por prevaricato tiene una sanción de cuatro años, que casi absolutamente es nada y no estamos seguros en las manos de los administradores de justicia”, sostuvo.
El proyecto de ley corta estaría concluido para la segunda semana de marzo y sería derivada a las cámaras legislativas para su tratamiento y aprobación para abril, aproximadamente.
Subrayó que el problema de la justicia es de responsabilidad de todos los bolivianos y con mayor razón de las autoridades.
