El País

Los juristas independientes que llevan adelante la cruzada para juntar firmar y conseguir la reforma de la Justicia están en apronte.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó el requisito de que los datos recolectados por el grupo para impulsar un referendo a sean transcritos a un sistema informático.

A la cabeza de Juan del Granado, el equipo señaló que es un requisito “imposible de cumplir” por el millonario costo que significaría, por lo que anunció la presentación de un amparo constitucional.

“Tardaríamos dos meses y medio solo en transcribir los 1.5 millones de partidas. Además, el costo, calculado en más de un millón de bolivianos, para los promotores del referendo, es inalcanzable y se constituye en una abierta restricción anulatoria de la democracia directa y, por tanto, contraria a la Constitución”, se informó.

Los juristas están en el proceso de recolectar un millón y medio de firmas, con las cuales se activaría un referendo para modificar la Constitución y, de esa manera, reformar la Justicia, que es el objetivo.

Juan Del Granado, en ese sentido, dijo que ya han gastado 16 mil dólares en los libros de registro y que no pueden erogar el monto que requeriría la transcripción.

Recordó que el 3 de febrero solicitaron al TSE que no se aplique ese requisito, tomando en cuenta que se trata de una iniciativa popular, en el marco del ejercicio de la democracia participativa, pero la Secretaría de Cámara rechazó ese pedido 37 días después.  

Ante ello, los juristas anunciaron que interpondrán una Acción de Amparo, porque consideran que la actitud del Tribunal es una negativa explícita a la iniciativa ciudadana y al ejercicio de la democracia participativa.

VOLUNTARIOS NECESARIOS

Según los juristas, esta tarea de transcripción sería imposible porque requeriría al menos 210 voluntarios que trabajen en tres turnos durante dos meses y medio, lo cual implica una inversión de más de un millón de bolivianos.

Incluso consultaron a empresas dedicadas al rubro y les cotizaron un costo de tres bolivianos por cada partida transcrita, es decir que el costo sería de 4.5 millones de bolivianos, algo “imposible de cubrir”, en consonancia con los promotores de la cruzada.

Entretanto, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se está a la espera de que candidatos presenten su documentación de cara a las elecciones judiciales de fin de año.

En esa línea, se presentó José Romero Sandoval, el primer candidato para la conformación del Tribunal Agropecuario y del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, su postulación fue rechazada por no tener los requisitos básicos, de acuerdo con lo descrito por APG.