El juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II, previsto para mañana, está bajo la mirada de expresidentes de Iberoamérica, que le dieron todo su apoyo y pidieron verificar “abusos de poder” en este proceso de investigación preliminar que duró cuatro meses y 17 días. 

Desde la parte acusatoria, alertan de un intento de “dilatar” el proceso que se realizará de forma virtual, en el que se presentarán al menos seis observaciones que se hicieron conocer en las últimas horas.

A través de la cuenta de Facebook de Áñez, se agradeció el pronunciamiento de más de una veintena de exmandatarios, a través de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), “en defensa de los valores democráticos ante el linchamiento fiscal y judicial” del MAS y se invitó a Diego García-Sayan, Relator de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados “a conocer de primera mano este juicio ilegal”.

  Entre los firmantes están Carlos Mesa y Jorge Quiroga, de Bolivia; Mauricio Macri, de Argentina; y Álvaro Uribe, de Colombia. 

Áñez está acusada en este caso por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

LA SITUACIÓN

Por otro lado, Marcelo Valdez, abogado de la exdiputada Lidia Patty, denunció que la defensa de Áñez pretende dilatar el inicio del juicio oral y recurre a la presentación de recursos.

“Ella (Áñez) con seguridad es autora de los delitos porque como senadora debería haber tratado la renuncia del señor Evo Morales y del señor Álvaro García Linera, situación que no se ha dado; a pesar de eso, ella asume el Gobierno”, dijo.

Dentro de la acusación, se tienen a nueve personas sindicadas entre ellas se incluye al excomandante de la Policía, Yuri Calderón; el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, entre otros, pertenecientes al Alto Mando Militar que coadyuvó a que Áñez pueda instalarse en el Gobierno, en 2019.

La Fiscalía indicó que cuenta con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que la exmandataria hubiera adecuado su conducta al tipo penal.

Entre las observaciones planteada por la defensa están el desarrollo de una investigación “apresurada e incompleta”, dijo el abogado Alain de Canedo Ostria a Página Siete.

Además, se cuestiona la “injerencia del Órgano Ejecutivo y Judicial”, desde donde se dan directrices de cómo se debe llevar adelante el juicio y proyectan una pena de cárcel de 12 años.

Desde el MAS, esperan una sentencia y alistan viaje a Sucre para pedir a la Fiscalía celeridad en el caso Golpe de Estado I.