Gabriela Luizaga, la destituida jueza Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia de Apolo, afirmó este viernes que el Consejo de la Magistratura anticipa una sanción de destitución en su contra sin haber comenzado un proceso interno donde debe asumir defensa por el rescate de dos niños en la comunidad de Unapa, en Apolo.

"Ninguna autoridad del Consejo de la Magistratura se ha comunicado conmigo, no me han hecho conocer", afirmó Luizaga. 

Este viernes, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, informó que se la destituyó, luego de que la jueza apareciera en un video cometiendo presuntos excesos en el rescate de dos niños que eran maltratados por el padrastro y la madre en Apolo, en 2020.

Molina aseveró que las imágenes que circularon en las redes sociales fueron corroboradas por la Unidad de Fiscalización y aceptó que la actitud de la jueza fue “un exceso y un exabrupto” por parte de la autoridad jurisdiccional.

Al respecto, la jueza precisó: "El Consejo de la Magistratura debe presentar una denuncia contra mí persona, ante un juzgado disciplinario para que proceda a la tramitación correspondiente. Una vez que se audita la denuncia, recién me notificarán para que pueda presentar un informe o pruebas de descargo, a continuación se convocará a recepción de informe oral y luego a una fase de juicio donde se vería la valoración de sentencia".

Luizaga habría sido destituida por supuestos excesos en el rescate de los niños Ronal y Lenny en 2020 y cuyo video se hizo viral el viernes de la anterior semana. Para este fin es que un funcionario de la institución judicial intervino el juzgado en busca de un expediente por asistencia familiar, pero este archivo no radicaba en su asiento judicial. 

"Se aclaró al funcionario de control y fiscalización que en mi juzgado no existe proceso de asistencia familiar por el caso de los niños. Por el contrario, yo habría sustanciado en contra de la progenitora una denuncia interpuesta por Defensoría de Niñez y Adolescencia por infracción, por violencia, fue responsable de violencia física, psicológica y privación de derechos", sostuvo la jueza. 

En los videos que circularon en redes sociales se ve a la jueza en supuesta agresión a la madre y niños en la comunidad de Unapa. Sin embargo, explicó, se aplicó una medida extrema de rescate ya que por más de un año no se ejecutaba una sentencia de traslado de custodia de los menores a su padre. 

La madre, Lidia, vivía con su pareja Mario y ambos agredían a los niños Lenny y Ronal. La Defensoría de la Niñez denunció a la progenitora y evidenció que la niña era obligada a trabajar y cocinar para sus hermanos, a la vez que no asistía a clases, por lo que varios de sus derechos fueron vulnerados. 

Según el testimonio de Lenny, quien ahora tiene 10 años, el padrastro intentó en una oportunidad ahogar a su hermano en el río. Cuando las autoridades judiciales procedieron el rescate, la madre ocultó a sus hijos y los retuvo, aquello le resultaba benéfico ya que recibía asistencia familiar por Bs 900 y aún así mantenía a Ronal y Lenny en situaciones precarias. 

El rescate de los niños fue en octubre de 2020 y desde aquella fecha Ronal y Lenny viven en casa de su padre y tíos, en Villa Ingenio de El Alto, donde tienen un hogar establecido y les restituyeron sus derechos. 

Luizaga observó que el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia desconocen la realidad actual de los niños rescatados en Apolo y no hicieron seguimiento