El juez Israel Claros autorizó el inicio de la investigación penal en contra de la expresidenta Jeanine Áñez por la denominada masacre de Sacaba de 2019, y le pidió a la Fiscalía Departamental de Cochabamba cumplir con los plazos en este caso, porque ya lleva más de tres años y tres meses.

La posición se da en respuesta a la decisión de la Fiscalía de ampliar la investigación por los delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de asesinato por los hechos de violencia y muerte del 15 de noviembre de 2019.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó de la decisión judicial y aseguró que el “derecho a la verdad es fundamental para las víctimas”.

“Memoria, verdad y justicia. El Juez Israel Claros autoriza el inicio de investigación penal contra exsenadora Jeanine Áñez por la masacre de Huayllani - Sacaba por los delitos de genocidio y asesinato en la vía ordinaria”, informó en un post de Twitter, junto a la resolución judicial.

Claros aceptó la ampliación de la investigación y requirió a la Fiscalía “emitir resolución conclusiva de la investigación preliminar”.

“Tomando en cuenta que el presente caso data de noviembre del año 2019, es decir, a la fecha más de tres años y tres meses, del cual reviste ser complejo conforme los datos del proceso, en ese sentido, póngase a conocimiento de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, a los efectos de que asuma las medidas correspondientes para que los fiscales a cargo de la investigación cumplan con los plazos descritos dentro la normativa procesal penal”, establece parte de la resolución firmada por Claros y fechada este 7 de marzo.

La llamada masacre de Sacaba, como fue calificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la crisis de 2019, ocurrió el 15 de noviembre de 2019, a tres días de que tomara el poder Jeanine, apoyada por la oposición política y cívica.

Un contingente policial-militar intervino una marcha de cocaleros y otros sectores sociales con el saldo de 11 muertos y decenas de heridos de bala. En ese entonces estaba en vigencia el “decreto de la muerte”, que eximía a militares de responsabilidades penales por acciones de “restablecimiento del orden”.

Considerando el tiempo de la pesquisa, en el memorial se advirtió: “Una demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir, por si misma, una violación a las garantías judiciales”.

Cuatro días después de la masacre de Sacaba, el 19 de noviembre, ocurrió un hecho similar en El Alto, Senkata. En este caso, la Fiscalía también amplió el proceso penal contra Áñez, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre de Senkata.

La expresidenta se encuentra recluida en la cárcel y tiene una condena de 10 años. Es cuestionada por la forma en que tomó el poder. Según la investigación fiscal, se "autoproclamó" presidenta del Senado y luego de Bolivia en sesiones legislativos sin quórum y, supuestamente, vulnerando la línea de sucesión.