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  • Diario Digital | miércoles, 17 de abril de 2024
  • Actualizado 04:07

Interpelaciones quedarían congeladas por decisión de Sala Constitucional y hasta que se pronuncie el TCP

Sesión de interpelación./ TOMADA DE ERBOL
Sesión de interpelación./ TOMADA DE ERBOL
Interpelaciones quedarían congeladas por decisión de Sala Constitucional y hasta que se pronuncie el TCP

La interpelación legislativa a ministros de Estado quedarían congeladas por decisión de un vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien aceptó un amparo presentado por autoridades del Gabinete del presidente Arce y decidió remitirlo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Así, las interpelaciones quedarían congeladas hasta que el TCP emita su fallo. El amparo habría sido presentado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y otros de sus colegas del gabinete, quienes solicitaron la medida cautelar en su condición de terceros interesados.

Según información de El Deber, la decisión judicial se basa en un supuesto “vacío jurídico” que hay en la norma 1350 “Ley que regula los efectos de la censura determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, específicamente en los parágrafos I y II del artículo 4.

El parágrafo I está referido a la “imposibilidad de designación” e instruye que el Presidente del Estado no podrá designar como ministro o ministra de Estado al ciudadano o ciudadana que hubiere sido censurado en un lapso de tres años posteriores a su destitución.

En tanto, el parágrafo II dice: “La autoridad encargada de la designación de las máximas autoridades ejecutivas de las instituciones y empresas públicas no podrá designar en este cargo a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido objeto de censura por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres (3) años posteriores a su destitución”.

La información fue avalada por el legislador de Creemos, Walthy Mauricio Égüez Paz, que calificó el hecho como un “golpe a la Asamblea Legislativa”.

El Gobierno de Luis Arce se rehúsa a ser fiscalizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por los malos manejos que hay con los recursos del Estado. Están tapando los grandes hechos de corrupción y los vínculos con el narcotráfico. Este es un golpe a la Asamblea Legislativa, pareciera que hay un afán de cerrar la Asamblea Legislativa”, dijo a El Deber.