Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 21 de enero de 2022
  • Actualizado 20:22

Human Rights Watch: “Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años”

El informe también hace referencia a que el sistema de justicia de Bolivia sigue haciendo un uso excesivo de la prisión preventiva, pues el 65 % de los reclusos se encuentra a la espera de un juicio.

El representante de HRW en conferencia de prensa. HRW
El representante de HRW en conferencia de prensa. HRW
Human Rights Watch: “Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años”

En su informe Mundial 2022, Human Rights Watch (HRW) afirmó que “el Sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años” y dio un duro análisis respecto a los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez y, parcialmente, de Luis Arce en Bolivia.

Sobre Añez, HRW  señala que en su Gobierno hubo graves violaciones de Derechos Humanos e inicio de procesos infundados contra sus opositores.

“El gobierno interino de Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020) promovió procesos judiciales en base a cargos infundados contra opositores políticos”, señala el informe.

En ese sentido, HRW también señala que el Gobierno de Áñez presionó a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses,  “dando lugar a investigaciones penales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de Morales, que en muchos casos parecían responder a motivaciones políticas.”

Asimismo, HRW afirma que los expertos internacionales documentaron graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno interino de Áñez, “incluyendo dos masacres brutales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, Human Rights Watch también hace referencia a la polémica decisión de Añez respecto a clausurar el año escolar el 2020.

Gobierno de Luis Arce

Sobre el Gobierno de Luis Arce, HRW afirma que el actual mandatario “apoya acusaciones desproporcionadas de terrorismo y genocidio contra la expresidenta Áñez sin la evidencia necesaria”.

“Además, en febrero de 2021 otorgó una amnistía por delitos vinculados con la crisis política que atravesó el país en 2019, la cual parecía estar diseñada para favorecer a sus simpatizantes. En respuesta a un informe que emitió un grupo de expertos internacionales en agosto, el presidente Arce dejó la amnistía sin efecto y prometió reformar el sistema de justicia”.

Gobierno de Evo Morales

Finalmente, sobre el Gobierno de Evo Morales, se señala que socavó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder.

El documento recuerda que la Constitución de 2009 habilitó a los votantes a elegir a los jueces de tribunales superiores a partir de listas creadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Los legisladores del partido de Morales —el Movimiento al Socialismo (MAS)— colmaron las listas con sus simpatizantes. En 2010, se dispuso que todos los jueces designados antes de 2009 eran “transitorios”. Muchos fueron destituidos de forma sumaria”, señala el texto.

“Durante el gobierno de Morales, los fiscales presentaron cargos contra varios de sus rivales políticos que, aparentemente, respondían a motivaciones políticas. Alrededor del 80 % de los jueces y fiscales aún son “transitorios”, lo cual aumenta el riesgo de que tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y así poder permanecer en el cargo”, añade el documento.

Pocos juzgamientos contra regímenes autoritarios

Por otro lado, el informe también lamentó que Bolivia solo juzgó a unos pocos de los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982, “en parte porque las Fuerzas Armadas se han negado a compartir información en algunas ocasiones”.

“La “Comisión de la Verdad” creada en 2016 presentó su informe final al presidente Arce en marzo de 2021, en el cual se documentan asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados durante ese período, presuntamente por agentes del Estado. El informe, compuesto por 11 volúmenes, insta a que se juzgue a los responsables. Al 3 de noviembre, solo estaba disponible en internet el resumen ejecutivo”, señala.

Otros temas

El informe también hace referencia a que el sistema de justicia de Bolivia sigue haciendo un uso excesivo de la prisión preventiva, pues el 65 % de los reclusos se encuentra a la espera de un juicio.

“A fin de reducir la grave sobrepoblación en las cárceles durante la pandemia del Covid-19, el gobierno de Áñez dictó un decreto en abril de 2020 por el cual dispuso la liberación de determinadas categorías de reclusos. En febrero de 2021, el gobierno de Arce emitió un decreto similar. Como resultado de estos dos decretos, se había liberado a 1.162 y 787 detenidos, respectivamente, a julio de 2021, según la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el impacto en la cantidad total de personas detenidas ha sido muy bajo”, señala el informe.

Finalmente,  el informe también hace referencia a la libertad de expresión, los derechos indígenas, los derechos de las mujeres y niñas y la pandemia.