En el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, durante el Gobierno de la expresidenta Jeanine Añez, fueron denunciados ante la Fiscalía nuevos hechos de corrupción que ascienden a 76 millones bolivianos como un presunto daño económico.

El titular de esa cartera de Estado, Néstor Huanca, informó que las exautoridades antecesoras como Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, además de otras vinculadas a entidades dependientes, se encuentran implicadas en varios casos tras unas auditorías.   

Contratos lesivos al estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de profesión, son los delitos identificados por Huanca.

En la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos  (EMAPA), el exgerente Eduardo Wilde, suscribió, de manera irregular, un contrato para la importación de 30 mil toneladas de trigo transgénico por Bs 51 millones con la empresa estadounidense DRURON LLC.

En criterio de la autoridad, fue “fuera del marco normativo” y ocasionó una demanda arbitral tramitada en Londres que, de ser procedente, obligaría al Estado boliviano a pagar $us 2.894.784.

En el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), el exgerente técnico de la Empresa Estratégica de Abonos y Fertilizantes (EEPAF), Sergio Luna Camacho, y otros realizaron la compra de fertilizantes existiendo un faltante en almacenes de Bs 8.898.518 sin que exista un registro del estilo de los fertilizantes y se desconoce dónde fueron utilizados o a quienes fueron otorgados.

En la Empresa Boliviana de Alimentos y sus Derivados (EBA), hay cinco casos denunciados contra la exgerente Karina Fabiola Leyva Añez, presunta familiar de la expresidenta Añez, como por ejemplo de haber ejercido el cardo sin haber cumplido con los requisitos necesarios como la experiencia ni un título profesional.

A ella se la acusó de haber incrementado cargos y sueldos a nivel ejecutivo en 2020 por un total de Bs 1.276.000 “sin la debida justificación y autorización por la autoridad correspondiente”.

La exgerente de Frutos Amazónicos de EBA Riberalta, Carmen Alicia Melgar, el extesorero de la Gerencia de Frutos Amazónicos, Javier López Arce, y otros, realizaron el manejo de recursos económicos con la entrega de Bs 8.369.000 al personal contratado como acopiadores para la compra de castaña sin ningún descargo.

El exgerente comercial de EBA recibió productos de diferentes proveedores para las canastas estudiantiles municipales por un valor de Bs 12 millones sin haber realizado algún proceso de contratación.

En la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), su exgerente Jorge Barrios, habría favorecido ilegalmente en la adjudicación y contratación de la empresa Estilo y Diseño para el servicio de fraccionado de azúcar externo por un monto de Bs 1.280.000 “que no cumplía con las especificaciones técnicas requeridas por la unidad solicitante”.

Esta exautoridad habría favorecido además a la empresa Campo Verde por la provisión de 4.700 toneladas de fertilizante de urea con presunto sobreprecio de más de Bs 1 millón, sin haber cumplido con las especificaciones técnicas requeridas por la unidad solicitante.

En la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), el exdirector Raúl Terceros Salvatierra, habría emitido resoluciones contrarias a la constitución y las leyes a través de las cuales, permitió la reducción de sanciones a empresas ocasionando un daño económico de Bs 362.184.

En Zofra Cobija, su exdirector Rodolfo Añez Rodríguez, Huanca dijo que destinó recursos para la contratación “excesiva” de personal eventual “sin justificación” incrementando su planilla y en plena cuarentena rígida por un monto de Bs 933.101.

En Pro Bolivia, denunció que el exdirector de esa institución contrató a su jefa de comunicación, quien habría presentado títulos en provisión nacional y certificados falsificados, cuyo contrato asciende a Bs 79 mil.
Denunció que el exministro Wilfredo Rojo entregó combustible comprado por la entidad para su uso en vehículos particulares, ajenos a la entidad, la mayoría de Santa Cruz con un daño económico de Bs 113 mil.

Dijo además que los exministros alquilaron aeronaves para vuelos particulares (taxi aéreo) al departamento de Santa Cruz, para su transporte y de sus allegados en la época de pandemia ocasionando un daño económico de Bs 92 mil.