Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 06 de diciembre de 2021
  • Actualizado 16:54

El Gobierno, presionado por dos plazos y exigencias contrapuestas

La promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria es el común denominador del conflicto. En las últimas horas, la COB instó al Ejecutivo, liderado por Luis Arce, a promover la norma. Del otro lado está el sector médico, que dio 48 horas para ser convocado.
Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia. ABI
Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia. ABI
El Gobierno, presionado por dos plazos y exigencias contrapuestas

La presión acecha al Gobierno. Hasta la semana pasada, el único frente que se presentaba como actor generador de presión era el sector de los galenos, con el Colegio Médico de Bolivia y otras entidades afines al rubro encarando el frente, con la intención de conseguir que el Ejecutivo dé un paso atrás y no promulgue oficialmente la Ley de Emergencia Sanitaria.

De hecho, la advertencia de movilizaciones, en caso de que el presidente Luis Arce promoviera la norma, es la bandera de los médicos.

A estas horas, Arce debe lidiar con dos exigencias totalmente opuestas. A la demanda de que no impulse la Ley de Emergencia y el plazo de 48 horas dado por el sector para ser convocado con la idea de tratar la norma, se le ha sumado la voz de las organizaciones sociales y la Central Obrera Boliviana (COB), que, en conjunto, instan al Gobierno a no demorar y hacer efectiva la promulgación.

Las agrupaciones, muchas de ellas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), establecieron como tiempo límite 24 horas para que la Ley sea puesta en vigencia, al calor del rechazo de los galenos, que entienden que los artículos de la misma son atentatorios contra sus derechos. Uno de los puntos observados por los doctores es la contratación de personal extranjero para la atención.

"No podemos estar con caprichos de algunos sectores, que intentan mercantilizar la salud de todos los bolivianos”, indicó, por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

En las pasadas semanas, el Colegio Médico de Bolivia, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) y las entidades afines se mostraron en contra del proyecto encauzado desde el Gobierno. El viernes 1 de febrero, el ente matriz del rubro y el Ministerio de Salud firmaron un acuerdo para la nueva redacción, para terminar con las diferencias. No obstante, algunas instituciones afiliadas se separaron y advirtieron que darían lugar a paros. El jueves pasado, Diputados sancionó la Ley con las modificaciones, pero la insatisfacción sigue en curso.