El Gobierno denunció ayer que el cabildo nacional que se realizó la jornada de este miércoles en las diferentes ciudades capitales del país busca la impunidad de quienes fueron parte de los hechos luctuosos de 2019 y que son procesados en los casos “Golpe de Estado I” y “Golpe de Estado II”.

Una demanda común en varios de los cabildos fue la de exigir la liberación de los “presos políticos” que, según los cívicos de Santa Cruz son 183, como la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador Luis Fernando Camacho.

Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que “muchas de las demandas aprobadas en el cabildo cívico son inconstitucionales y apuntan a la impunidad de quienes gestaron el Golpe de Estado en 2019”.

Apuntó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto de lo ocurrido en 2019 establece 36 recomendaciones, y una de ellas, la 10, manda “garantizar la inaplicabilidad de las normas de amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, reportó la Agencia Boliviana de Información.

En esa misma línea, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, señaló en Twitter que la amnistía que se solicita es “contraria a la recomendación” del GIEI, instancia conformada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por su parte, el vocero Presidencial, Jorge Richter, denunció que el pedido de revocatoria al mandato del presidente Luis Arce, en el cabildo cruceño, devela que “la derecha” busca lograr impunidad a los responsables del golpe de Estado de 2019.  

Los asistentes al cabildo cruceño exigieron la liberación de Luis Fernando Camacho, quien se encuentra detenido preventivamente, desde el 30 de diciembre de 2022, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el marco de las investigaciones por el caso “Golpe de Estado I”.

En contacto con la red PAT, el portavoz aseguró que “está claro que, con el pedido de revocatoria, la derecha develó que tiene el objetivo de abreviar el mandato del presidente Luis Arce, electo democráticamente en octubre de 2020”.

GUARDIA

El ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que la determinación que asumió el cabildo cruceño de crear una guardia municipal es inconstitucional y se convertiría en un delito porque la Policía tiene mando único y es parte de las competencias del Gobierno.

“Una guardia o policía departamental es inconstitucional. Conformarlas a ese nivel es un delito de orden público”, escribió el titular de Justicia en su cuenta de Twitter.

El pasado miércoles, el cívico Rómulo Calvo propuso al cabildo cruceño la creación de una guardia departamental.

Luego de que se aprobó la propuesta por los participantes al cabildo, Calvo entregó a Zvonko Matkovic, asambleísta departamental, un proyecto de ley para viabilizar la creación de la “guardia”.

Lima señaló que las propuestas son inconstitucionales y que solo buscan afectar “las bases esenciales del Estado y solo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos”.