El gabinete ministerial aprobó este miércoles incorporaciones al Decreto Supremo 1553, vigente desde 2013, relacionado al congelamiento de fondos u otros activos, en atención a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, informó que el Decreto Supremo 4906, aprobado este miércoles, solo realiza unos ajustes al decreto 1553 que tenía 10 años de vigencia.

Entre las incorporaciones se encuentran en el artículo 7 que se reconocerá como bienes de cualquier tipo, a aquellos que sean “tangibles o intangibles, recursos financieros, económicos y naturales, muebles o inmuebles, independientemente de la forma en que se hubieran adquirido; incluidos documentos o instrumentos legales sea cual fuere su tipo, carácter o naturaleza, sean o no electrónicos o digitales, que acrediten la titularidad o participación patrimonial, en tales bienes u otros activos y cualquier participación, dividendo u otros ingresos en, o valor acumulado a partir de, o generado por, tales bienes u otros activos y cualquier otro activo que pueda ser potencialmente utilizado para obtener fondos, bienes o servicios”.

Mientras que el artículo 8 que hace referencia a que “La medida de congelamiento preventivo de fondos u otros activos, será de aplicación inmediata a partir del conocimiento de las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme el Artículo 4 de la Ley N° 262”.

Lima aseguró que en la norma no se plantea “ningún tema nuevo” y que su aprobación no busca reemplazar el proyecto de ley de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, cuyo tratamiento fue paralizado hasta que concluya el proceso de socialización.

Por el contrario, informó que el decreto obedece a la próxima visita en abril del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país para evaluar la situación de lavado de dinero y su combate en todos los países del mundo.

“Está comisión que va a visitarnos el mes de abril tiene 40 recomendaciones que implican que permanentemente vayamos haciendo ajustes en nuestra norma”, explicó.

“Está norma está pensada en los terroristas, en los narcotraficantes en los que trafican con personas que trafican con bienes naturales, no tiene ninguna posibilidad de aplicación a personas que hacen su trabajo en el marco de la ley”, añadió.