Durante la exposición de su informe final sobre los hechos de violencia suscitados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 en nuestro país, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) preguntó este miércoles al Gobierno cuál es el grado de avance en cuanto a la aplicación de las recomendaciones hechas por el equipo, sobre todo con respecto a la reparación de las víctimas de las denominadas "masacres" de Sacaba y Senkata.

Julián Burger, parte del GIEI-Bolivia, consultó, durante la presentación del análisis final en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), "en qué punto se encuentran las recomendaciones".

"Los miembros del GIEI se sentían conmovidos por el apoyo del Presidente (Luis Arce) y de los ministros en el momento de la presentación del informe, en agosto del año pasado. El Gobierno se comprometió a aplicar las recomendaciones del GIEI. El Grupo reconoce los retos a los que se enfrenta el Gobierno para recuperarse de los impactos económicos y sociales de la crisis de COVID-19", expresó Burger, en su intervención, que fue virtual.

También le agradeció al Gobierno, no sin antes recordar que la reparación de las víctimas de Sacaba y Senkata es prioritaria. "Se dice que la justicia retrasada es justicia negada".

"Los miembros agradecen al Gobierno por el apoyo durante las investigaciones", dijo.

El GIEI-Bolivia también enfatizó en que el informe presentado en 2021 no se concentró en afirmar o descartar las figuras de "fraude electoral" o "golpe de Estado". Ratificó que en 2019 hubo "masacres".

“El informe no dice que el gobierno interino haya cometido un genocidio. El GIEI no encontró motivos para llegar a esa conclusión. El informe considera que los actos de violencia en Senkata y Sacaba deben calificarse de masacres, dado un gran número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y que fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas", dijo Burger.

Se ratificó el informe presentado en 2021, en el cual se documenta la muerte de al menos 37 personas y los hechos de violencia registrados en torno al proceso electoral de 2019.

El GIEI ratificó que en Bolivia, hace dos años, ocurrieron ejecuciones sumarias, homicidios, masacres, torturas, además de hechos de violencia facilitados o tolerados por los agentes estatales.

La integrante del GIEI Patricia Tappatá observó que los hechos de 2019 no ocurrieron de manera inesperada, sino que fueron precedidos de una espiral generadora de violencia, tanto por los discursos enfrentados de los líderes políticos, como por el rápido recurso a la violencia en las demostraciones callejeras, que expresaban simpatías ideológicas y políticas, descalificando a la adversario tanto por sus convicciones como por su pertenencia étnica.

El experto Marlon Weichert acotó que hubo discriminación racial contra los pueblos indígenas, pero también hubo líderes que usaron la identidad étnica como criterio para señalar la pertenencia o no a la sociedad boliviana.

Observó también que la Justicia fue incapaz de impedir detenciones ilegales y arbitrarias, o de investigar y sancionar responsables por las violaciones a los Derechos Humanos.

Señaló que el poder judicial y el Ministerio Público fueron actores de investigación sin debida diligencia, de persecuciones penales sin debido proceso.

Los expertos recalcaron que entre sus recomendaciones está la reforma de la Justicia boliviana para garantizar su independencia.

También instaron a la reforma de la Policía y fuerza pública, para el respeto a los derechos humanos y la gestión con sujeción al derecho.

Asimismo, se recomendó combatir el abuso de la detención preventiva, realizar acciones para erradicar el racismo y adecuar los tipos penales de sedición y terrorismo, para que no se conviertan en instrumentos de la represión.

Los expertos llamaron también a establecer mecanismos externos e internos, para hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, anunció que entre el 21 y 22 de este mes se suscribirá con la CIDH un acuerdo para establecer una mesa de seguimiento a las recomendaciones del GIEI.