Los pedidos de frenar la “persecución política” y en contra de la postergación del Censo de Población y Vivienda para 2024 generan tensión en el país.

Una marcha convocada por los médicos y con la participación de diferentes plataformas, activistas y otros sectores denominada “En defensa de la democracia” fue frenada ayer en La Paz por grupos denominados “autoconvocados” que en algún momento se identificaron como afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Se registró enfrentamientos que dejaron ocho arrestados y dos heridos.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, informó, según Urgente.bo, de la agresión con piedras que afectó a dos enfermeras. A su vez reclamó por las detenciones de 7 jóvenes varones y una mujer que formaban parte del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

Tras la movilización “en rechazo a la persecución política y contra el sistema judicial corrupto”, la representante de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas, el diputado Miguel Roca, la senadora Cecilia Requena y la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Amparo Carvajal llegaron a dependencias policiales para pedir liberarlos.  

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a través de las redes sociales, dijo que el derecho a la protesta está garantizado, sin embargo no se puede permitir los ataques y destrucción de propiedad privada de personas malintencionadas. 

Agregó que los jóvenes portaban escudos artesanales, cascos, petardos y otro tipo de objetos.

“Estas personas pertenecerían al grupo parapolicial y delincuencial llamado Resistencia Civil La P y se podrá a disposición de la Justicia”, escribió.

Entre tanto, el viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó la movilización, que se desarrolló cerca del mediodía, de política. La Policía tuvo que intervenir para evitar más hechos de violencia.

Desde la Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, informaron que se hace seguimiento a las detenciones, cinco de ellas de personas con arresto por alterar el orden público y tres con aprehensión para definir el tipo penal por el que serán acusados.

“Estamos precautelando que no se vulneren sus derechos”, indicó la delegada defensorial de La Paz, Mabel Martínez.

CENSO

En medio de advertencias de impedir el paro cívico de 24 horas en Santa Cruz, en rechazo por la postergación del Censo, los esfuerzos por ir al diálogo se ven obstaculizados.

El vocero presidencial, Jorge Richter, informó, citado por ABI, que la reunión del presidente Luis Arce con el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz, “no está en agenda”.

Explicó que “la presión, el ultimátum, el querer forzar una agenda con medidas de movilización o de fuerza” no son condiciones para que se llegue a un diálogo.

Los cívicos, en coordinación con el gobernador Fernando Camacho, quien no asistió al Consejo Nacional Autonómico donde se decidió la modificación del calendario censal, condicionaron la suspensión de la medida de presión si el presidente Arce aceptaba reunirse con el sector.

Entre tanto, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó ayer que visitará diferentes municipios de Santa Cruz para explicar a los transportistas y organizaciones sociales cuáles son las atribuciones del gobernador Luis Fernando Camacho en el tema de límites y Censo.

“Toda esta documentación (ley 339, de Autonomías y la Constitución) voy a hacer conocer a los hermanos transportistas, a los hermanos de las organizaciones sociales, para que conozcan la irresponsabilidad del gobernador de Santa Cruz, que ahora quiere ocultar mediante un bloqueo el día lunes”, dijo.

Adelantó que la medida de presión significará una pérdida de $us 32 millones “por un capricho” y que dará a conocer “la verdadera historia de la irresponsabilidad del gobernador”.

“El señor Camacho está llevando a un despeñadero económico a la gobernación cruceña porque quiere mostrar que es el que manda en la oposición”, acotó.

La Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz y otros sectores también se pronunció y llamó a no acatar el paro a tiempo de sugerir una “Cumbre por el Censo” con diferentes organizaciones sociales para “defender los intereses”.  

Desde la alcaldía de El Alto, anunciaron, según Página Siete, que pedirán al Gobierno una compensación de Bs 300 millones por la postergación del Censo para las obras.