Juan Santos ha sido imputado por enriquecimiento ilícito. Esa fue la decisión de La Fiscalía de La Paz respecto a la situación del exministro de Medio Ambiente.

La Fiscalía pide que sea enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva.

El Ministerio Público solicitó que la prisión de Santos sea de seis meses mientras se completan las investigaciones y sea llevado a juicio.

Un juez debe convocar a audiencia, para determinar su situación jurídica.

El fiscal departamental William Alave explicó que se tiene como indicios las transferencias bancarias que ejecutó Juan Santos con otros implicados en el caso, además del testimonio de la persona que habría colaborado con el cobro de sobornos.

Precisó que Santos posee operaciones bancarias de 297 mil bolivianos con Jhonny S., y de 98 mil con Viviana B., ambos funcionarios que habrían colaborado con el exministro y que ahora tienen detención preventiva,

Reveló, también, que se ha tomado declaración de la mujer que habría colaborado con el exministro y que la misma señala haber entregado una suma de 19 millones de bolivianos, que se habrían cobrado a cambio de siete adjudicaciones.

Según esta versión, con ese dinero se habría comprado un frigorífico en Cobija, dos haciendas en Bella Flor, camionetas Hilux, Prado, Mitsubishi y un camión. Además se habrían adquirido 27 inmuebles en Cobija, Santa Cruz y Tarija.

El fiscal indicó que se está solicitando la anotación de los bienes, pero también se procederá con el precinto y secuestro de los mismos.

AMPLÍAN INVESTIGACIÓN

La Fiscalía informó que se ha ampliado la investigación contra Claudia C., la mujer que reveló públicamente los presuntos cobros de sobornos.

La información fue proporcionada por el fiscal departamental de La Paz, William Alave, quien indicó que además se está solicitando la alerta migratoria para la investigada.

“Corresponde como obligación de Ministerio Público ampliar la denuncia y se ha ampliado en contra de ella. Y se la va a convocar yo creo en las próximas horas por parte del fiscal encargado del caso. Lo que sí hemos hecho para resguardar todos los elementos, para resguardar que ya no pueda eludir la acción de la justicia es realizar la alerta migratoria”, dijo Alave.

El fiscal señaló que Claudia C. ya prestó una declaración en Santa Cruz, sobre el dinero que habría entregado como producto de presuntos hechos de soborno, sin embargo, recalcó que se la convocará en la invsetigación.

Alave indicó que esta persona puede solicitar medidas de protección que fija la norma, pero primero debe ser investigada.

Explicó que no se puede aplicar las medidas de protección sólo por el hecho de que pretenda acogerse, sino deben existir formalidades legales que se debe cumplir.

La mujer denunció públicamente que era la encargada de cobrar los sobornos para direccionar contrataciones y que había entregado millones de bolivianos al Juan Santos Cruz.