Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 12 de abril de 2024
  • Actualizado 18:24

La Fiscalía afirma que la Policía debe dar las garantías para el traslado de Camacho

Camacho debe ser trasladado al penal cruceño para participar de manera presencial en su audiencia por el llamado ‘caso Decretazo’, el próximo 11 de marzo.

Luis Fernando Camacho, en una audiencia virtual./ CAPTURA VIDEO
Luis Fernando Camacho, en audiencia virtual./ CAPTURA VIDEO
La Fiscalía afirma que la Policía debe dar las garantías para el traslado de Camacho

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, aseguró que corresponde a la Policía dar las garantías para el traslado de Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro de La Paz hasta el de Palmasola en Santa Cruz, para que participe de la audiencia presencial por el caso llamado ‘Decretazo’.

“Las garantías no las da el Ministerio Público sino la policía boliviana, considero que las autoridades pertinentes, la autoridad jurisdiccional pertinente tendrá que manifestarse a objeto de poder hacer referencia en el hecho en el cual pueda ser investigado”, dijo Mariaca, según reporte de La Razón.

La mañana de este viernes, el  ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, afirmó que pidió informes a la Unidad de Inteligencia y al Comando General de la Policía para verificar si existen las condiciones para el traslado de Camacho.

Camacho debe ser trasladado al penal cruceño para participar de manera presencial en su audiencia por el llamado ‘caso Decretazo’, el próximo 11 de marzo.

Sin embargo, el Ministro aseveró, en contacto con Unitel, que “si no existen las condiciones materiales y si eso puede generar conflictividad evidentemente no lo vamos hacer”.

Agregó que existen otros mecanismos por los que se pueden instalar los juicios o se pueden tomar declaraciones.

Ya el pasado martes, los asambleístas departamentales del Movimiento al Socialismo (MAS) Clemente Ramos, Delfi Rentería y Raquel Valencia presentaron un recurso al Tribunal de Sentencia Octavo de Santa Cruz, con la finalidad de revertir la orden de traslado del encarcelado gobernador Fernando Camacho de la cárcel de Chonchocoro, de La Paz, a Palmasola, de Santa Cruz, para que enfrente el juicio oral por el caso “decretazo”.

Además, solicitan que la audiencia del juicio oral se realice de forma virtual porque advierten que se “generará un caos social” en Santa Cruz.

“Al ordenarse el traslado del acusado se va a provocar la imposibilidad de llevar el Juicio Oral, porque el mismo está detenido preventivamente en otro recinto penitenciario y dentro de otro caso, y eso generará un gasto para el Estado por el traslado del acusado a ese despacho judicial y su posterior retorno al recinto penitenciario de Chonchocoro, lo que igualmente generará mora y suspensión de audiencias”, se argumente en la petición.

Por esa razón, los asambleístas, “al amparo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, artículo 113 – II último párrafo del Código de Procedimiento Penal y el artículo 3 numerales 11 y 13 de la Ley 025” solicitan “se revierta la decisión de traslado del mencionado acusado desde Chonchocoro de la ciudad de La Paz hasta la cárcel de Palmasola de esta ciudad de Santa Cruz, pidiendo que la audiencia señalada de Juicio Oral en el presente proceso, en la fecha indicada, se celebre de manera virtual en razón de todos los argumentos expuestos”.

La decisión del traslado de Camacho fue asumida a finales de enero por el Tribunal de Sentencia Octavo de Santa Cruz para que enfrente el juicio oral por el delito de resoluciones contrataría a la Constitución y a las leyes debido a la aprobación del decreto departamental 373 de marzo de 2022 - cuando viajó a Brasil - que delegaba sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, y no al vicegobernador Mario Aguilera, como lo establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

Este decreto, cuestionado por irregular, fue publicado y luego eliminado de la Gaceta Departamental Oficial.

En la actualidad, Camacho tiene detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, por el denominado “caso Golpe de Estado I”, proceso activado por la exdiputada Lidia Patty y que tiene relación con los hechos de 2019 que acabaron en la dimisión forzada del expresidente Evo Morales.

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