La situación legal de Arturo Murillo, exministro de Gobierno de la gestión de la presidenta Jeanine Áñez, es incierta, luego de la suspensión de su audiencia en reiteradas oportunidades, sin embargo, la última fecha definida por la Justicia de EEUU fue el 8 de octubre.

Hasta hace un mes, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, confirmó esta decisión, en el marco del proceso, previo al juicio, por los delitos de soborno y conspiración para cometer lavado de dinero.

Murillo fue beneficiado, a principios de agosto, por un acuerdo que le permitía obtener una fianza de $us 250.000 y defenderse en libertad, sin embargo, hasta fin de ese mes continuaba en la cárcel.  

Desde el Gobierno expresaron su preocupación por los aplazamientos de la audiencia y alertaron de una negociación para que este caso quede en la impunidad. Sin embargo, informaron que se hace seguimiento y que se avanza de manera favorable.

En septiembre se conoció que cuatro de sus socios en la compra de material antidisturbios se declararon culpables por los mismos delitos en el país del norte.

En la audiencia prevista para hoy, según el abogado estadounidense Thomas Becker, la Fiscalía debe hacer conocer al juez el rumbo del caso. En una anterior entrevista, dijo que Murillo tiene tres salidas: declararse testigo protegido, asumir su culpa o “servir” como testigo en otro caso, lo que le permitiría bajar su sentencia, tomando en cuenta que la pena máxima es de 30 años.

Entre tanto, el Ministerio Público de Bolivia presentó toda la documentación necesaria para solicitar la extradición y emitió una orden de aprehensión, además de declararlo “rebelde y contumaz a la ley” en el marco del proceso por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.