Después de haber sido declarada rebelde en el caso por el envío de armamento no letal desde Ecuador, la exministra de Comunicación del gobierno transitorio Roxana Lizárraga denunció que sufre violación a sus derechos humanos y lanzó acusaciones contra el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

Mediante un comunicado, Lizárraga consideró que existe una “vendetta” por parte de Alave, debido a la forma en que fue removido del cargo. 

Alave fue fiscal departamental hasta febrero de 2020, período del Gobierno transitorio, cuando fue cambiado por Marco Cossío. En abril de 2021, Alave fue designado nuevamente en el cargo que ocupa en la actualidad. 

Lizárraga afirmó que se equivoca al perseguirla, porque Lanchipa fue quien negoció la Fiscalía de La Paz y otras con el gobierno transitorio, en especifico, los entonces ministros Yerko Nuñez y Arturo Murillo. 

Incluso aseveró que Lanchipa tenía un trabajo cercano con Murillo y Núñez.

“Debo señalar al señor William Alave que se equivoca  al perseguirme. Lanchipa ofreció las fiscalías de distrito de La Paz y Santa Cruz al  Señor Nuñez  y al Señor Arturo Murillo. Se mantuvo al actual fiscal general ya que se puso a disposición del gobierno transitorio e inició un trabajo cercano con Arturo Murillo y Yerko Nuñez”, dice el comunicado de Lizárraga. 

Según la exministra, durante el gobierno transitorio Lanchipa pidió tiempo para entregar la Fiscalía de La Paz a gente de confianza de Nuñez, mientras que las fiscalías de Cochabamba y Santa Cruz eran para Arturo Murillo. 

“En una conversación sostenida con Nuñez en diciembre 2019, en mi despacho me manifestó que Lanchipa estaba haciendo un buen trabajo, que no había necesidad de cambiarlo, y que había sugerido sacarlo a Williams Alave. En ese momento pensamos que Lanchipa estaba tomando revancha porque Alave tenía aspiraciones en la época Evista de ser fiscal general. Tiempo después, este compromiso fue cumplido por Lanchipa”, sostuvo la exministra.

Según Lizárraga, no es casualidad que el fiscal Eddy Flores la haya imputado, puesto que –según afirmó- es de confianza de Alave. Además acusó al mismo de  dirigir una persecución en contra de su exesposo y padre de sus hijas, junto con el abogado de Juan Ramón Quintana).  

“Estando en el exilio, mis hijas ahora todo lo que tienen es a su padre, empero queda claro que la empatía humana nunca ha sido característica de serviles fiscales”, lamentó Lizárraga.

Violación a sus derechos

Consideró que sufre una “tremenda violación” a sus derechos, con la declaratoria en rebeldía en su contra. 

Ratificó que se encuentra fuera del país y aseveró que en marzo envió un memorial al juzgado del caso, para indicar dónde puede ser ubicada y notificada. Sin embargo, igual se emitió la rebeldía. 

Aseveró que, al estar en el exterior, no es válido en su contra un edicto de alcance nacional. Denuncio además que no fue notificada de manera deliberada, para que esté ausente en audiencia y se le declare rebelde.

“A la cabeza de William Alave se están vulnerando derechos humanos en Bolivia”, sostuvo.

Lizárraga está imputada por presuntamente facilitar el ingreso de armamento no letal enviado de Ecuador a Bolivia en 2019,  

Según la Fiscalía, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que habría sostenido con Arturo Murillo, Fernando López y Jeanine Áñez en Palacio de Gobierno, Lizárraga habría tomado contacto con un personal policial de Ecuador y se habría acordado que se envíe armamento no letal, es decir equipos antimotín, como gases lacrimógenos y otros que posteriormente fueron ingresados a Bolivia de manera presuntamente ilegal.