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  • Diario Digital | sábado, 20 de abril de 2024
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Exabogado de Evo defiende al Estado; jura que no habrá “viuda sin justicia”

Wilfredo Chávez, quien fue jefe de la comisión de transición del MAS, asumió como Procurador. Se comprometió a “desarmar” la “agencia de persecución”.

Wilfredo Chávez, procurador general del Estado. ABI
Wilfredo Chávez, actual procurador general del Estado. ABI
Exabogado de Evo defiende al Estado; jura que no habrá “viuda sin justicia”

“Vamos a cumplir la lucha contra la impunidad con los compañeros del equipo de nuestro Gobierno, a objeto de que no quede una sola viuda, un solo huérfano, un solo herido sin justicia”, garantizó Wilfredo Chávez, quien se convirtió ayer en el nuevo Procurador General del Estado y confirmó, con su asunción, los trascendidos que señalaban que el jurista y exabogado de Evo Morales ocuparía el cargo.

Aquel que encaró la defensa del exmandatario frente a los procesos penales que le inició el gobierno transitorio, encabezado por Jeanine Áñez, es quien se comprometió a desarticular lo que denominó como “agencia estatal de persecución”, figura que, según Chávez, adoptó el funcionamiento de la Procuraduría durante el anterior mandato.

“Lo que hemos hecho en ese tiempo de resistencia real a la dictadura era algo que podía hacer otro que tenga compromiso con su país, con su pueblo, con su sangre. Es momento de darle un toque profesional a una institución que este año fue vandalizada. La Procuraduría se había convertido en una agencia estatal de persecución. Me comprometo: será desmontada de inmediato”.

No disimuló simpatías con Morales. De hecho, recordó su regreso a Bolivia, que fue posible luego de un año de exilio cumplido en Argentina. Celebró que el exdignatario se encuentre en el país y mencionó que este siempre representará un gran aporte para el “proceso”.  “Me he visto con el hermano Evo Morales y sabemos que él ha tenido una llegada importante al país. Fortalece nuestro proceso porque será siempre un hombre de consulta”.

Chávez, de 51 años, prometió “seguir el mandato” de institucionalidad y defensa  de los intereses estatales, dos misiones que asume y que son posibles, a su entender, de manera más óptima con relación al viejo modelo, en el que el Ministerio Público concentraba esa tarea y también la de velar por la sociedad, en una suerte de “dualidad”.

El presidente Luis Arce expresó sus demandas ni bien el Procurador juró en su cargo. Le exigió celeridad y prioridad en los procesos que se encuentran pendientes; y que sean juzgados aquellos que cometieron “actos negligentes” mediante los que hayan “lesionado” los intereses del país. “Su primera tarea es recuperar  la institucionalidad de la Procuraduría General. Esta fue usada con fines partidarios. Esta defensa no puede ser con odio, sino con justicia”. Según Arce, el objetivo más ambicioso será “reconstruir” la Justicia. “Es una deuda con el pueblo”, dijo.

SE ENCARGÓ DE CANDIDATEARLO

Según relató Morales en febrero pasado, Chávez fue su apoderado para tramitar su postulación como senador, candidatura que finalmente no fue posible. Entonces, el exdignatario había denunciado que su abogado tuvo que refugiarse en la Embajada de Argentina, puesto que el Gobierno transitorio lo perseguía, en busca de detenerlo. Esto fue desmentido, luego, por el exministro de Gobierno Arturo Murillo.

Chávez, además de actuar como apoderado de Evo y ser su jurista defensor, se desempeñó recientemente como jefe de la comisión de transición del Movimiento Al Socialismo (MAS). De 2007 a 2009, fue viceministro de Justicia (2007-2009). Entre 2009 y 2011 ejerció como viceministro de Coordinación Gubernamental; y fungió como ministro de Gobierno de 2011 a 2012.

Su última participación en el poder estatal se dio de 2018 a 2019, cuando fue viceministro de Seguridad Ciudadana. Al calor de la convulsión social por las observaciones al proceso electoral de 2019, Chávez tuvo que dar un paso al costado.

CASO ZAPATA

En 2016, cuando sonaba con fuerza el caso de Gabriela Zapata, Chávez presentó una querella en su contra ante el Ministerio Público, luego de que esta lo acusara de “extorsión”. Entonces, Zapata, expareja de Morales, señaló que el jurista había cobrado 250.000 dólares por la tarea de que se diera visto bueno a un amparo constitucional que beneficiaba a la compañía china CAMC, donde ella trabajaba.