Las esposas de militares, no conformes con la decisión gubernamental de que a partir de julio reciban el subsidio en especies, presentan un recurso de revocatoria ante el Ministerio de Defensa, con el objetivo de dejar sin efecto la determinación. Quieren seguir recibiendo el beneficio en dinero. Están representadas por el abogado Omar Durán.

Durán consideró esta medida como "ilegal y draconiana". Su argumento consiste en que la entrega del subsidio en efectivo es un “derecho laboral ganado” y que, en esa calidad, está protegido a nivel de decreto.

“Hay varias damas que nos acompañan, esposas de suboficiales, oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas, que de alguna manera están presentando este recurso en representación de todas aquellas personas que no pueden venir, que están en frontera, pero gracias a la tecnología hemos podido reunir cerca de 500 de esposas”, dijo Durán.

Advirtió que si el Ministerio de Defensa rechaza el recurso de revocatoria, se iniciará una acción penal por incumplimiento de deberes y por resoluciones contrarias a la Constitución y Leyes. Asimismo, prevé elevar un recurso jerárquico ante el presidente Luis Arce.

“Los derechos laborales ganados están por encima de cualquier otra normativa”, recalcó Durán, quien señaló que esposas de hombres de otros rubros, como mineros y fabriles, también reciben el beneficio en dinero.

Una representante de las mujeres recalcó que se trata de un derecho adquirido. Negó que se trate de un privilegio.

Explicó que se había decidido entregar el subsidio en dinero a esposas de militares, tomando en cuenta que muchas de ellas viven alejadas de centros urbanos.

Ella reconoció que tiene miedo de alguna represalia contra su marido por esta iniciativa, pero indicó que recibió el apoyo de su cónyuge. “El miedo no le va a dar de comer a mi hijito”, manifestó.   

También negó que los militares ganen “una millonada”, particularmente en el caso de sargentos, suboficiales y oficiales que recién comienzan.

Asimismo, negó que tengan un seguro privilegiado, puesto que en ocasiones deben comprar servicios externos y el reembolso implica un trámite con requisitos que les hace desistir del mismo.