Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 19 de abril de 2024
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Arce presenta proyecto de ley para indagar en "fortunas" de jueces, fiscales y policías

Según el asambleísta del MAS, este mecansmo ayudaría a "detectar" incongruencias.
Héctor Arce expone los detalles del proyecto de ley en cuanto a la investigación de los patrimonio de jueces, fiscales y policías. APG
Héctor Arce expone los detalles del proyecto de ley en cuanto a la investigación de los patrimonio de jueces, fiscales y policías. APG
Arce presenta proyecto de ley para indagar en "fortunas" de jueces, fiscales y policías

El diputado masista Héctor Arce presentó este jueves un proyecto de ley, cuyo objetivo es investigar las fortunas de jueces, fiscales y policías, en base al control de sus declaraciones juradas de bienes.

Esto, según él, con miras a "fortalecer la lucha contra la corrupción".

Argumentó que con esta norma se generarán mecanismos de control sobre el patrimonio de jueces, fiscales y agentes policiales en relación a la vida “ostentosa” que tienen algunos de estos servidores.

El proyecto plantea que sea una obligación la verificación de las declaraciones juradas respecto a los movimientos económicos que realizan los funcionarios del ámbito judicial, del Ministerio Público y la Policía.

Se buscaría "detectar" inconsistencias e incrementos proporcionales de bienes y rentas, en el marco de un debido proceso.

El diputado explicó que existen declaraciones juradas vacías, lo cual no se adecúa a los ingresos de los funcionarios de estas entidades.

Además, alertó que habría declaraciones juradas presuntamente "infladas" porque quienes las hacen “saben que van a robar”. Incluso, señaló que se utilizarían a familiares para poner bienes a sus nombres.

El texto indica que estos controles se harían a funcionarios del Órgano Judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, tribunales departamentales de justicia, vocales y jueces, Derechos Reales, Ministerio Público y la Policía Boliviana.

Indica que los servidores públicos comprendidos en la presente Ley no podrán invocar el derecho al Secreto Bancario entre tanto permanezcan en el ejercicio de funciones y hasta dos años después de haber cesado en sus funciones.