La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) está en el ojo de la tormenta, luego de que se denunciara un hecho de nepotismo.

Se trata de la sexta denuncia en el Gobierno de Luis Arce.

Desde el Ministerio de Minería, anunciaron acciones legales.

“Inmediatamente conocida esta denuncia, el Ministro de esta Cartera de Estado ha instruido las instancias correspondientes el inicio de las acciones legales respectivas contra los presuntos responsables”, dice un comunicado emitido ayer por dicha cartera.

Un día antes, el jueves, el Comité pro Santa Cruz formalizó una denuncia por irregularidades en contra el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, el presidente de la ESM, Gustavo Choque, y otros, por los delitos de contratos lesivos al Estado, nepotismo, por una supuesta red de corrupción, con clanes familiares dentro de la empresa.

Una de las acusaciones es en contra de Choque por haber nombrado a su yerno como jefe de comercialización.  

El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, advirtió de la conformación de un “equipo de trabajo para estafar al pueblo boliviano”. Denunció también la contratación de un bufete de abogados, cuyo asociado es el exministro Héctor Arce, por un monto superior a los $us 360 mil. 

En su comunicado, el Ministerio de Minería aclaró que la ESM es una empresa pública con autonomía de gestión administrativa, económica y legal. En ese marco, señaló que la contratación de personal, de servicios y de comercialización es una atribución exclusiva del Presidente Ejecutivo de la Empresa Mutún.

“El Ministro de Minería y Metalurgia ratifica su compromiso con la transparencia y la lucha frontal contra los actos que vulneren la Constitución Política del Estado y la normativa vigente”, agrega el texto.

OTROS CASOS

En el Gobierno de Luis Arce, fue destituido el ministro de Desarrollo Rural y Tierras de la gestión, Wilson Cáceres, porque nombró como jefa de Gabinete a su expareja y ella, a su vez, contrató a sus familiares y allegados.

Poco después se conocieron otras denuncias que involucran a otros ministros del gabinete de Arce.

La jefa de bancada y senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, denunció que la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Patricia Navia Tejada, designó a dos familiares en cargos jerárquicos. También se informó que el ministro de Salud de entonces, Edgar Pozo, habría nombrado a su hijo como jefe Jurídico en la Caja Nacional de Salud (CNS).

Pozo renunció por complicaciones en su salud.  

Las denuncias también involucraron al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien, supuestamente, colocó a su esposa en la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

A su vez, el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, fue acusado por nombrar al menos tres de sus parientes en cargos del Ministerio de Salud.

Se mencionó a su primo como parte del programa Juana Azurduy, quien presentó descargos y recordó que comenzó en la función pública en agosto de 2012.

Se suma otra denuncia contra Terrazas por facilitar la contratación de su prima hermana como asesora de despacho y luego en la Caja Petrolera de Salud al igual que su padre como coordinador nacional del Profocom.

La Constitución Política del Estado, la Ley del Funcionario Público y el Código Penal regulan el nepotismo.

La Carta Magna, en su artículo 36 establece que es una prohibición para el ejercicio de la función pública nombrar (en cargos) a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.