El viceministro de Atención al Consumidor, Jorge Silva, anunció que se iniciarán procesos penales contra los propietarios o administradores de las funerarias del país que infrinjan con las normas de salubridad, los protocolos y los reglamentos que rigen en el país.

Consideró que algunas empresas, debido al alto número de fallecidos con COVID-19,  improvisan algunos ambientes como “depósito de cadáveres” constituyéndose en un “atentado a la salud pública” porque existe el “alto riesgo de contagio” al personal que trabaja en las funerarias y las personas que están cerca del recinto.

“Lo que procede es la clausura de la funerarias y se inicie una acción penal. Es así que se han conducido a dependencias del Ministerio Público a los propietarios y administradores de estas empresas”, dijo Silva en comunicación con Buena Noche de OPINIÓN.

La autoridad explicó que en algunos casos se procedió a aplicar sanciones económicas (10.000 UFV), en otros casos una advertencia y en otras la conminatoria para regularizar sus servicios según los protocolos y reglamentos vigentes en el país.

Silva aseguró que los cementerios en el país se convierten en un “cuello de botella” al no tener la capacidad de enterrar o cremar a los difuntos con coronavirus.

Ante este panorama, las funerarias superan su capacidad y tienen a los cadáveres en espera para que lleguen su turno y eso genera los focos de infección.

“Además, de este drama, los cementerios jardín cobran por un entierro o una cremación entre 2.000 a 10.000 dólares. En un campo santo público 710 bolivianos, pero tienen que acudir a través de una funeraria y te cuesta desde 3.000 bolivianos hasta 2.000 dólares”, explicó Silva.

Esta dura realidad que viven cientos de familias en el país y la desesperación por salvar a sus seres queridos los hace “presa de los malos proveedores que están lucrando con la salud de la población y la vida de la gente” a quienes no les tiembla la mano para cobrar montos altos.

Pero la especulación de los precios no solo son con las funerarias, sino también con la compra de medicamentos y atención médica en las clínicas.

La autoridad pide que los gobiernos departamentales y municipales realicen los controles respectivos para evitar la especulación en los precios y cumplan con las disposiciones de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed).

Silva pide a la población hacer la denuncia ante las autoridades pertinentes (Gobernación y Alcaldía) para sancionar a los especuladores. Asimismo, se puede llamar a la línea gratuita 800 10 0202 para hacer las denuncias.