El grupo de Juristas Independientes que impulsa la reforma de la Justicia tiene un plazo de tres meses para recolectar 1.5 millones de firmas ciudadanas destinadas a dar luz verde a un referendo para una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), informó el coordinador departamental del Comité de Reforma Judicial de Cochabamba, Jaime Ponce.

El desafío de Cochabamba es aportar con 270 mil firmas. La cruzada es grande, razón por la cual los organizadores esperan habilitar 70 mesas fijas para la recolección de firmas y, próximamente, proyectan aperturar brigadas móviles.

Plazas y calles céntricas, municipios del eje metropolitano y eventos masivos, son algunos de los lugares donde la población podrá aportar con su firma e impresión de su huella digital.

SEPTIEMBRE

En una suerte de cronograma, Ponce proyecta que una vez que el ente electoral realice la evaluación y depuración de las firmas colectadas, la consulta nacional tendría que realizarse en septiembre.

“En una circunstancia normal, en septiembre calculamos que ya se tendría que estar votando en el referendo. Eso es lo básico que dice la norma”, explicó al respecto, Ponce.

Posteriormente, una vez que el ente electoral anuncie los resultados, será la Asamblea Legislativa Plurinacional la que modifique la CPE e introduzca los cambios en la carta magna.  El resultado es vinculante y de aplicación inmediata.  

Estas últimas tareas también podrían realizarse en septiembre. Ponce informó que la meta es llegar a diciembre, mes previsto para la elección de magistrados, con una reforma judicial.  

“Eso es lo que no tiene que pasar. Eso es lo que tenemos que cambiar: el sistema de elección de los magistrados”, resaltó Ponce.

PREGUNTAS

El referendo planteará cuatro preguntas a los ciudadanos. La primera está orientada a que la selección y designación de los altos magistrados del sistema judicial no esté marcada por tintes políticos; sino por capacidad e idoneidad.

La segunda plantea elevar el presupuesto de la Justicia a un 3%. La tercera busca garantizar las condiciones para que los pueblos indígenas resuelvan sus controversias con el derecho consuetudinario. La cuarta, busca la creación de tribunales de paz en cada barrio.