Con una reunión en la Casa Grande del Pueblo, la comisión de revisión de casos de violación y feminicidio en los que sentenciados fueron liberados comenzó su trabajo este viernes con el objetivo de dar resultados en 120 días. 

La Comisión – confirmada por iniciativa del presidente del Estado, Luis Arce- está conformada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno; el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez; el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani; el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres ; el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco; el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, y el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez.

Al respecto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, destacó este viernes la conformación de la comisión para avanzar en la reforma de la justicia.

 “Consideramos que es una muy buena iniciativa a la cual el pleno del Consejo de la Magistratura y toda la institucionalidad le da su respaldo; por eso, estamos presentes para coadyuvar desde nuestras competencias y funciones”, aseveró en entrevista con Bolivia TV.

Esta comisión realizará una fiscalización de los casos de violación y feminicidio en los que los sentenciados fueron liberados.

Molina aseveró que esta reunión representa una “buena oportunidad” para que todas las instituciones relacionadas con el ámbito de la justicia puedan encarar soluciones, además de encaminar la reforma judicial en Bolivia.

“Es una muy buena oportunidad para que todas las instituciones relacionadas con el tema justicia podamos encarar ya de inicio respuestas a estos conflictos  emergentes de conductas antisociales”, acotó.

El pasado 1 de febrero, la ministra de la presidencia, María Nela Prada, explicó que la Comisión deberá, en un plazo de 120 días, presentar sus primeros resultados.

 “Este es un tema de Estado, así lo ha definido nuestro presidente, así que vamos a dar soluciones estructurales que es lo que esperan las familias bolivianas. Todas van a ser escuchadas, víctimas, familiares de víctimas, organizaciones sociales, sociedad civil y todas las instituciones que quieran contribuir a este fin”, complementó.