La Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya fijó para el 1 de diciembre la lectura de la sentencia sobre el uso de las aguas del Silala, dentro del litigio que interpuso Chile a Bolivia.

Bajo el tenor: “La Corte Internacional de Justicia publica la fecha de lectura del Fallo en el caso: “Disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala (Chile c. Bolivia)”, la Cancillería de Bolivia hizo público el comunicado, luego que su similar de Chile hiciera conocer la determinación a través de un comunicado de prensa.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública que la Corte Internacional de Justicia ha emitido un Comunicado de Prensa el día de hoy, mediante el cual anuncia la fecha de lectura del Fallo en el caso “Disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala (Chile c. Bolivia)” para el día jueves 1 de diciembre del presente año, a horas 15.00 (horario de La Haya)”, señala el escueto comunicado de la Cancillería boliviana.

El 6 de junio de 2016, durante el Gobierno de Evo Morales, Chile presentó una demanda en contra del Estado boliviano ante la CIJ, solicitando que dicho tribunal declare al Silala como un río de curso de aguas internacionales, y que por tanto, Chile tiene derecho a usar sus aguas, conforme al principio del uso razonable y equitativo. El 2018, el Estado boliviano presentó una contrademanda por considerar que tiene soberanía sobre las aguas del Silala.

Sin embargo, Bolivia considera que las aguas del Silala provienen de manantiales que han sido desviados de manera artificial por empresarios chilenos.

De acuerdo al argumento boliviano, las aguas del Silala se originan en el departamento de Potosí, en el sureste de Bolivia, a cuatro kilómetros de la frontera con Chile y fluyen al vecino país por canales artificiales construidos en 1908, por lo que el vecino país hace uso ilegal y abusivo de estos recursos hídricos.

Pero también Chile se establece como antecedente que 3 de abril de 2009, Chile ofreció pagar 15 mil dólares por día por el 50 por ciento de las aguas del Silala a Bolivia, pero en particular a Potosí, pero las instituciones cívicas y sociales potosinas rechazaron la propuesta al considerar que debía pagar el cien por ciento, ante lo cual los vecinos plantearon realizar un estudio que determine las características del acuífero.