La Procuraduría General del Estado (PGE), creada durante el gobierno de Evo Morales, perdió todos los arbitrajes internacionales que enfrentó y generó un daño económico al Estado de 609 millones de dólares, al margen de su presupuesto anual de al menos 40 millones de bolivianos.

La denuncia fue presentada esta mañana por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, en una conferencia de prensa. Según dijo, como consecuencia de la "falsa nacionalización" de empresas estatales en el gobierno de Evo Morales Bolivia tuvo que pagar 609.171.535 dólares.

"Esta nacionalización que en realidad fue pensada desde el masismo porque no tenían una alternativa a la capitalización y lo que ellos han realizado es una confiscación de las empresas estratégicas" y como consecuencia las transnacionales demandaron a Bolivia ante tribunales internacionales de arbitraje.

CC solicitó un informe escrito al Procurador sobre el estado de los arbitrajes en contra de Bolivia.

Existen 11 procesos en los cuales el Estado boliviano ha realizado pagos a varias empresas internacionales pese a que en algunos se llegaron a "conciliaciones"  sin que las empresas hayan calificado el monto que se les adeudaría.

En las soluciones mediante laudo arbitral, la Procuraduría General del Estado perdió todos los procesos.

"Esto nos demuestra que por una parte la Procuraduría General del Estado es una institución inservible porque si ustedes ver no ha ganado ningún juicio ni de manera arbitral ni tampoco en la conciliación porque el Estado ha ido pagando producto de esta confiscación que hizo Evo Morales a título de nacionalización para que paguemos todos los bolivianos", lamentó.

El presupuesto de la Procuraduría General del Estado, en 2019, fue de 42,622,609 millones, de esta cantidad 10 millones serían para gastos personales y 12 millones para otros gastos, pero al margen se contrataron bufetes externos,

¿Cuánto se pagó a los bufetes externos?

El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, respondió que el Decreto Supremo 4447 señala que los contratos que suscribe esa institución defensora de los intereses del Estado son confidenciales.

"Eso es lo que hace el masismo siempre, no le gusta transparentar la información, no le gusta que lo fiscalicen" protestó Pedrazas y exigió a Chávez, quien a su vez es abogado del expresidente Evo Morales, que cumpla con sus funciones y que no viaje como "turista" a Miami (EEUU) o haga el papel de experto electoral para "demostrar" que no hubo fraude en las elecciones fallidas de 2019.

"Su función primordial es recuperar los dineros que su cliente, el expresidente Evo Morales, a título de falsa nacionalización nos están haciendo pagar a todos los bolivianos " y dijo que si no tiene la vocación de servicio y no toma las acciones que correspondan "es mejor que se cierre la Procuraduría que nos cuesta 40 millones de bolivianos al año y se vaya a su casa que le va hacer un favor al país".