Por instrucciones del Ministerio de Gobierno, la Policía dejó de exhibir a los aprehendidos y sospechosos de estar involucrados en diferentes delitos. 

Sin embargo, esto no es suficiente para frenar las observaciones que existen al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) en contra del titular de esta cartera de Estado, Eduardo del Castillo. 

Siguen las críticas en su contra y se alista una reunión de alto nivel para analizar su situación tras superar la interpelación en la Asamblea Legislativa y evitar la censura por la inseguridad en El Alto y la decisión de seguir con la misma medida por otros casos.

Entre tanto, el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, indicó que ante esta restricción instruída por Del Castillo, según ERBOL, se irá “perfeccionando la manera de acreditar su proactividad”.

La práctica de presentar a los sospechosos fue criticada por entidades defensoras de derechos humanos y el propio Gobierno. El ministro de Justicia, Iván Lima, ya había advertido que solo se podía presentar a esas personas con su consentimiento y aunque se aclaró que así lo hacían, no fue suficiente.

El representante de Human Rights Watch, César Muñoz, observó que con la presentación de los aprehendidos se acaba de un “plumazo” la presunción de inocencia y el papel de los jueces.  

PRESIÓN

Del Castillo sigue en la mira del oficialismo que si bien le dio “una pequeña oportunidad”, como dijo el senador Leonardo Loza, “el tema no está cerrado” porque, reconoció, existe una “molestia generalizada” en algunos ministros del Estado. 

Se refirió a otros problemas por los que debe responder como el caso de los audios de presunta protección policial al narcotráfico denunciados por el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, contrabando y policías implicados en hechos irregulares. Se prevé otras interpelaciones para este mes y julio.

La presión para el cambio del ministro crece entre parlamentarios, cocaleros y transportistas.

El último en pronunciarse fue el dirigente del transporte libre del Trópico de Cochabamba, Francisco Córdoba, quien comparó la gestión de Del Castillo con la de su antecesor Arturo Murillo, por lo cual planteó que sea sustituido.

“Es un compañero que a nivel político está trabajando como el Murillo, así lo categorizamos porque un Ministro que no obedece a su pueblo, a mi entender, no es ministro del pueblo”, dijo a ERBOL.

Explicó que al igual que ocurría antes, ahora no hay justicia para víctimas de los hechos como Senkata y Sacaba, en 2019. También cuestionó que Luis Fernando Camacho y Manfred Reyes Villa sean ahora autoridades, a pesar de sus acciones del pasado. 

Dijo que ambos deberían estar en la cárcel, pero considera que Del Castillo no hace nada al respecto.  

Recordó que ya se había pedido a la autoridad que se incremente el presupuesto de lucha contra el narcotráfico y cierre de fronteras frente al contrabando, pero no se ha cumplido.

Rechazó también que, luego de la denuncia de Morales sobre presunta protección policial al narcotráfico, no hayan acciones contra los denunciados, pero sí contra el denunciante, el teniente coronel Yerko Terán, quien enfrenta un proceso disciplinario y legal.    

El dirigente ya había advertido incluso con bloqueo de caminos en demanda de su destitución. Indicó que esa medida de presión dependerá del análisis que se haga por parte de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba.

Afirmó que, cuando una autoridad pierde la confianza, ya no hay vuelta atrás. Considera que, si bien el presidente, Luis Arce, toma las decisiones respecto a los ministros, debe escuchar a la población. También se sumó al pedido de Morales de una reunión con Arce para que brinde explicaciones respecto a Del Castillo.

Coincidió en la observación de que en la interpelación recibió apoyo de los opositores para no ser censurado porque “un compañero” no puede tener apoyo de “un enemigo”.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que la sugerencia de Morales salió de diferentes encuentros con organizaciones sociales para ir a una reunión de alto nivel del partido oficialista entre Arce y Morales.

Otros legisladores aseguraron que el expresidente “tiene derecho político” a hacer la petición. Una vez más negaron que haya división al interior del partido y atribuyen estas aseveraciones a grupos de derecha.

Desde la oposición auguran una nueva “derrota” de Morales, pese a la presión que ejerce contra Arce.