Casos Benavides y Muñoz develan denuncias de abuso de poder de la Directora de la AJAM
Dos casos que involucran al exjurista Diego Benavides y al periodista, Luis Múñoz, ambos jóvenes profesionales y exfuncionarios de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), develan denuncias de abuso de poder e irregularidades en torno a sus aprehensiones y posterior detención, por órdenes de la directora de esa entidad, Brenda Lafuente.
En julio de 2021, Brújula Digital entrevistó a Benavides en la cárcel de San Pedro. En esa ocasión denunció que la Directora de la AJAM lo denunció por aprobar supuestamente resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando entre sus atribuciones como analista no podía hacer esa tarea.
“A las 10.00 horas del lunes 14 de junio fui aprendido al salir de mi oficina particular ubicada en la calle 6 de agosto y Pedro Salazar. Un policía vestido de civil se me acercó y me dijo que lo acompañe, no me mostró ningún mandamiento de aprehensión, ni me dijo su nombre completo, posteriormente fui conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en una camioneta de la AJAM. Tardaron más de media hora en notificarme con la resolución y mandamiento de aprehensión”, dijo a este medio entonces.
Dos días después fue su audiencia de medidas cautelares, en la cual se dispuso su detención preventiva por cuatro meses en el penal de San Pedro. A pesar que su defensa desvirtuó los riesgos procesales fue llevado al penal de San Pedro.
Denunció entonces, que detrás de su proceso había móviles políticos, pues su padre, el diputado Guillermo Benavides de CC, observó la designación de Lafuente, por no cumplir con la experiencia mínima en el sector minero para asumir la dirección de la AJAM, además de presentar peticiones de informe escritos al Ministro de Minería.
Similar suerte corrió Luis Muñoz, quien fue contratado por la AJAM según su abogado, Marcelo Valdez para manejar las redes sociales de la institución, pero que por publicar memes ordenadas por la propia Lafuente resultó tras las rejas, denunciado de “violencia política”. Se denunció acción directa de la Policía.
Varias instituciones del gremio periodístico, como la Asociación Nacional de la Prensa y en las últimas horas, la Red Unitas, denunciaron que el periodista Muñoz, quien fue enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz por el Juzgado Quinto de Lucha contra la Corrupción y Violencia contra la Mujer, a simple denuncia de la directora de la AJAM vulnera la institucionalidad democrática.
Para el Observatorio de Defensoras y Defensores de UNITAS, esta acción, además de atentar contra la libertad de expresión, es una vulneración a la institucionalidad democrática.
Muñoz fue contratado por la AJAM para, según Valdez, “limpiar la imagen de Lafuente” en redes sociales. Para ello, supuestamente, la directora le pidió realizar un meme, producto que a la postre, según comentó el jurista, fue el motivo para que se lo procese, debido a que no le habría puesto el rótulo de falso.
Para el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic, hubo un exceso de la justicia por dictaminar el envío de Muñoz a la cárcel por un meme. “La justicia no debería enviar a este periodista a un penal de reclusión, lo que están haciendo es violar el ordenamiento jurídico que rige el trabajo de los periodistas en Bolivia”, indicó a Unitas.
La ANPB, la semana pasada, emitió un comunicado en el que denuncia como “atentado a la libertad de expresión y al ordenamiento jurídico legal” el envío de Muñoz al penal de San Pedro y demandó al juez que tomó esa determinación enmendar su error.
Según familiares del periodista, la directora de la AJAM abusa de su poder, pues amenazó a Muñoz con “mover todas sus influencias” para llevarlo a una celda de la cárcel de San Pedro. “Ella (Brenda Lafuente) directamente le quitó el celular, lo tuvo por dos horas en la oficina y ella se dio el lujo de eliminar lo que le iba a perjudicar y después llamó a los policías y lo trajeron a la FELCC de la Sucre”, relató una de las familiares del periodista a la red Bolivisión.
La Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por este caso y exigió que se respete la presunción de inocencia durante el desarrollo del proceso contra Muñoz. En tanto, para el ministro de Justicia, Iván Lima, fue “excesiva” la detención preventiva dictaminada por la justicia en este caso.
En el primer trimestre de este 2022, se han registrado 48 vulneraciones a la libertad de prensa según el monitoreo que realiza el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de Unitas.
Hasta la fecha el Ministerio de Minería, ni la AJAM han dado una versión oficial sobre lo acontecido con Múñoz.