La exresponsable de adquisiciones del Ministerio de Salud, Vania V., fue beneficiada con detención domiciliaria en el marco de la investigación por la compra de respiradores chinoscon presunto sobreprecio, según informó este domingo el abogado Marcelo Gutiérrez.

Fue aprehendida el pasado jueves y en su declaración informativa habría entrado en contradicciones. Asimismo, ella tendría la responsabilidad de los contactos con el Banco Mundial para el financiamiento de los equipos médicos, según el reporte policial.

Antes de la audiencia, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Douglas Uzquiano, informó que “la persona imputada era la responsable de la unidad de Gestión de Programa y Proyectos del Ministerio de Salud y, como tal, gestionaba préstamos y compras, en este caso, los respiradores”.

La mujer fue imputada y ayer en audiencia cautelar se dispuso que cumpla con las medidas sustitutivas a la detención preventiva.

“La misma ha sido beneficiada con la detención domiciliaria. Desde ayer, ella ya se encuentra en su domicilio”, informó Gutiérrez, abogado de la sindicada.

Dijo que en la audiencia expuso varios argumentos y demostró que su defendida, independientemente de que es consultora en línea, no tiene ningún grado de responsabilidad en el proceso de contratación para la compra de los respiradores. 

Además, el abogado Gutiérrez cuestionó al fiscal Marco Villa por la “irresponsable” argumentación que hizo sobre la participación de Vania V. en este caso, esa situación también fue valorada por la autoridad judicial que dispuso el arresto domiciliario.

Este caso fue denunciado en agosto de este año. En ese entonces, parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron una demanda penal en contra de personeros del Ministerio de Salud y miembros del Comité Científico del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, por la compra con presunto sobreprecio de al menos 324 respiradores chinos, además, hicieron notar que algunos equipos presentaban fallas técnicas. 

La demanda cursa por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica y los principales denunciados son la exministra de Salud, Eidy Roca y el exembajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo.