Caso magistrados: llaman a desobedecerlos y 2 renuncian
Continúa el dilema de los magistrados prorrogados en el cargo. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anunció acciones para convocar a una "desobediencia civil" al Órgano Judicial, desde el Gobierno apuntaron como delito el desacatar las disposiciones y dos autoridades de esa repartición renunciaron.
La gestión de los magistrados y jueces del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura fenecía el 31 de diciembre del 2023; sin embargo, ante la imposibilidad de la Asamblea Legislativa de llevar adelante el proceso de las Elecciones Judiciales el propio TCP dispuso la prórroga de las altas autoridades judiciales hasta que se desarrollen los comicios
Frente a esta situación, ayer el Conade llamó a sumir “acciones pacíficas de desobediencia civil” en contra de las autoridades.
A través de un pronunciamiento, el Conade convocó a protestar “a nivel nacional e internacional a partir de la inauguración del año judicial 2024” y a “organizar y desplegar todas las acciones pacíficas de desobediencia civil frente a todo acto que realicen los golpistas”.
Además, el organismo también llamó a denunciar a nivel internacional al Ejecutivo.
En respuesta, el viceministro de de Defensa del Consumidor - parte del Ministerio de Justicia-, Jorge Silva, advirtió que la desobediencia civil es un delito por el que se puede abrir distintas causas.
La prórroga de magistrados género, incluso, el rechazo de opositores y el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes anunciaron hasta procesos contra las autoridades judiciales al considerar que se favorecieron a sí mismas al extender su mandato más allá de los seis años que les correspondía.
El viceministro Silva opinó que es inconcebible que legisladores amenacen con juicios a los magistrados. Justificó que cada órgano tiene que velar por sus procedimientos y evitar que existan vacíos de poder.
“No debería haber ningún temor a una advertencia, amenaza de un proceso cuando uno ha actuado en el marco de la Constitución y las leyes”, agregó.
RENUNCIAS
En medio de esta polémica, ayer dos magistrados renunciaron. Se trata de Carlos Alberto Calderón Medrano, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional por Santa Cruz, y su colega Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, de Tarija,
Inicialmente, el magistrado Calderón defendía la prórroga, pero se sintió incómodo con las reacciones que surgieron en el país.
Según el ahora exmagistrado, la reacción de diversos actores ante la prórroga ha conllevado a una incertidumbre en la población litigante, pero además en el plano personal le ha traído incomodidad y malestar.
"Esta decisión judicial constitucional -muy a pesar de los motivos antes expuestos- fue mal entendida, tergiversada y respondida de manera reactiva por diversos actores de la sociedad boliviana, situación que genera incertidumbre principalmente en el foro litigante, además de absoluta incomodidad y malestar como autoridad miembro del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, la misma que hace inviable la continuidad del suscrito en el cargo, razón que decanta en la renuncia irrevocable", dice su carta difundida por radio La Plata.
Los magistrados han sido el blanco de las críticas de parte de opositores, el ala evista y personalidades, quienes rechazaron que las propias autoridades judiciales hayan emitido una decisión para beneficiarse a sí mismas con la autoprórroga.
Sus detractores acusan a los magistrados de haber actuado en coordinación con el Gobierno y el ala arcista para beneficiarse mutuamente dilatando la realización de elecciones judiciales a cambio de sentencias favorables al oficialismo.